El costo ambiental y humano de la extracción de minerales es cada día más claro y alarmante. Más o menos el 60% de los cursos de agua de Ghana están muy contaminados como resultado de la extracción de oro en sus márgenes. En Perú, muchas comunidades han perdido el acceso a agua potable, después de la decisión de debilitar protecciones ambientales y suspender controles regulatorios para facilitar nuevos proyectos mineros; incluso se ha contaminado el río Rímac, fuente de agua para la capital, Lima.
En muchos países que dependen de la minería, a estas crisis ambientales se suma una profundización de la desigualdad y de las divisiones sociales. El Atlas Global de Justicia Ambiental registra en todo el mundo más de 900 conflictos relacionados con la minería, de los que alrededor del 85% implican el uso o la contaminación de ríos, lagos y aguas subterráneas.
En este contexto, las principales economías están cambiando a toda prisa la geopolítica de los recursos. Estados Unidos está tratando de estabilizar la economía mundial basada en combustibles fósiles al mismo tiempo que se esfuerza por conseguir los minerales que necesita para diversos sectores (vehículos eléctricos, energías renovables, sistemas de armamento, infraestructuras digitales, construcción) apelando a menudo a coerción y tácticas de negociación agresivas. En su búsqueda de reducir la dependencia de China (que domina el procesamiento de las tierras raras), los temas ambientales y humanitarios pasan a segundo plano.
En tanto, Arabia Saudita se está posicionando como potencia emergente en el sector de los minerales, como parte de un intento de diversificar su economía con abandono del petróleo; esto ha incluido crear nuevas alianzas con diversos países (entre ellos Estados Unidos) y organizar una conferencia de alto nivel sobre minería. Al mismo tiempo, ejerce oposición activa a los avances en otros foros multilaterales, por ejemplo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se celebró este año en Brasil (COP30) y las prenegociaciones para la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA7).
En Europa, sectores industriales presionan para conseguir más desregulación, y empresas de combustibles fósiles como ExxonMobil, Total Energies y Siemens apelan a tácticas engañosas para debilitar mecanismos de creación reciente que buscan proteger los derechos comunitarios en las regiones productoras de recursos. Debería preocuparnos que empresas y países que contribuyeron al calentamiento global, a la degradación ambiental y a violaciones de los derechos humanos ahora quieran dominar el sector de los minerales. Darles vía libre pondrá en peligro a toda la humanidad, no sólo a las poblaciones vulnerables.
Los gobiernos no deben quedarse de brazos cruzados. Deben asumir la responsabilidad de dirigir el principal motor de la expansión minera: la demanda. Reducir el consumo de materiales, sobre todo en los países desarrollados, sigue siendo la forma más eficaz de proteger los ecosistemas vitales y evitar los daños permanentes que deja la extracción.
Pero aunque está suficientemente probado que el aumento de la extracción de recursos es una amenaza para el suministro de agua y la seguridad pública, gobiernos de todo el mundo están debilitando las protecciones ambientales en un intento de atraer la inversión extranjera; ponen así en peligro los ecosistemas de los que depende la vida en la Tierra, y cometen un error enorme desde el punto de vista económico.
Hay estudios recientes que muestran que las prácticas responsables no sólo son lo correcto desde un punto de vista ético, sino también económicamente racionales. Un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo basado en cinco años de datos de 235 multinacionales, muestra que las empresas que mejoran su desempeño en materia de derechos humanos tienden a obtener mejores resultados a largo plazo. De modo que los gobiernos deben desconfiar cuando representantes de la industria afirman que para obtener rentabilidad es necesario desarmar regulaciones ambientales o ignorar los derechos humanos.
Cuando la gente no puede confiar en que la dirigencia política protegerá sus derechos, es muy probable que se genere resistencia; y el conflicto social resultante dificultará las inversiones. Un buen ejemplo es la reacción contra el proyecto de extracción de litio de la empresa Rio Tinto en Jadar (Serbia). Muchos serbios consideraron que el gobierno de su país estaba anteponiendo los intereses corporativos, al dar vía libre al proyecto a pesar de que no cumplía ni siquiera las normas básicas de sostenibilidad. Las protestas detuvieron las obras y la empresa enfrentó cuantiosas pérdidas.
El único modo de crear condiciones para un desarrollo estable y respetuoso de los derechos de la gente es mediante la definición y fiscalización efectiva de marcos jurídicos sólidos. Esto implica proteger los derechos de los pueblos indígenas; que exista el consentimiento libre, previo e informado de todas las comunidades afectadas; proteger los recursos hídricos; llevar adelante una planificación espacial; crear áreas protegidas; y hacer evaluaciones de impacto social y ambiental independientes, participativas y transparentes.
En el contexto actual de crecientes tensiones geopolíticas, foros multilaterales como las COP y las UNEA siguen siendo esenciales para contrarrestar la fragmentación internacional y promover soluciones compartidas. Los países ricos en minerales deben trabajar juntos para fortalecer las normativas ambientales, así como los países petroleros actúan en forma concertada para influir en los precios mundiales del petróleo. La acción colectiva permitirá evitar una destructiva competencia desregulatoria y asegurar a las comunidades locales (en particular los pueblos indígenas y otros titulares de derechos) la posibilidad de hacerse oír.
En un momento de creciente escasez de agua potable, derretimiento de glaciares y riesgos para la agricultura, la acción internacional coordinada ya no es opcional. Un paso importante hacia la aplicación mundial de criterios más justos es una resolución que presentaron Colombia y Omán para la UNEA de diciembre donde piden un tratado vinculante sobre los minerales.
Esta propuesta, iniciada por Colombia y copatrocinada por países como Zambia, que conocen muy bien los costos de las industrias extractivas, pide cooperación en toda la cadena de producción de minerales, para reducir los daños ambientales y proteger los derechos de los pueblos indígenas y otras comunidades afectadas. Pone la responsabilidad en los países consumidores de recursos, para que el peso de las reformas no caiga únicamente en las economías productoras de minerales. Y sobre todo, también se ocupa de los peligros planteados por las presas de relave y otros subproductos residuales de la actividad minera, que han provocado desastres devastadores y cientos de muertes.
En conjunto, estas medidas ofrecen una oportunidad única para empezar a corregir las desigualdades que por tanto tiempo han definido la extracción de minerales; y deben aprovecharla todos los países, en especial los productores de minerales, históricamente excluidos de la mesa de negociaciones. La UNEA7 es una ocasión de lograr justicia en el área de los recursos.
* Johanna Sydow es directora de la División de Política Ambiental Internacional en la Fundación Heinrich Böll. Nsama Chikwanka es director nacional de Publish What You Pay Zambia. Derechos de autor: Project Syndicate, 2025.
Sobre EcoNews Opinión: Este espacio reúne voces diversas con una mirada crítica, plural y profunda sobre los grandes temas de la agenda socioambiental. Las opiniones expresadas en esta sección pertenecen exclusivamente a sus autores y no reflejan necesariamente la postura editorial de EcoNews. Promovemos el debate abierto y riguroso, en un contexto de respeto, honestidad intelectual y reconocimiento de las complejidades que atraviesan nuestro tiempo. Porque pensar el mundo que habitamos requiere pluralismo, reflexión y la valentía de abrazar las contradicciones.
