La minería en territorios indígenas de Nicaragua avanza sin freno y sin consulta: un atlas presentado por la Fundación del Río documenta 62 lotes mineros sobre más de 681.574 hectáreas que pertenecen a 18 pueblos originarios y afrodescendientes. Los mapas satelitales confirman que en algunos casos las concesiones cubren más del 80% de las tierras ancestrales, según reveló Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam.
El informe fue presentado el 3 de agosto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como parte de las denuncias contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por violaciones sistemáticas al derecho territorial indígena. La herramienta mapea cada concesión minera, su extensión y el origen del capital que la opera, en su mayoría chino, canadiense y colombiano.
El pueblo mayangna pierde el 88% de su territorio
Tuahka Takaln Balna, un territorio del pueblo mayangna en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, es uno de los más afectados. Más del 88% de sus 54.556 hectáreas están concesionadas a empresas mineras extranjeras, según el atlas. Las licencias impactan directamente 12 ríos y una quebrada, que suman 142,94 kilómetros de redes hídricas de las que dependen 14 comunidades indígenas con 8.716 habitantes.
En el mismo caso está Tasba Pri Matriz Indígena, donde 29 comunidades del pueblo miskitu (8.484 habitantes) ven cómo siete lotes mineros cubren más del 83% de su territorio y se superponen a siete quebradas y 11 ríos, casi 189 kilómetros de agua superficial.
La contaminación por mercurio y cianuro asociada a la extracción de oro pone en riesgo directo el agua que usan para beber, pescar, navegar y cultivar. Las comunidades chorotegas del norte perdieron más de la mitad de su territorio bajo 10 concesiones mineras, mientras que 75 comunidades matagalpas soportan cuatro concesiones a empresas chinas y canadienses que ocupan el 50,05% de su tierra y afectan 24 quebradas y 30 ríos.
El régimen eliminó la consulta previa en mayo de 2025
Desde mayo de 2025, el gobierno nicaragüense modificó las leyes de protección de áreas naturales para facilitar el aprovechamiento de recursos. Un decreto presidencial eliminó la consulta pública en el Sistema de Evaluación Ambiental, incluso para proyectos en territorios indígenas y afrodescendientes.
La Fundación del Río, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos denunciaron ante la CIDH el aumento de concesiones otorgadas sin garantizar el proceso de consulta previa, libre e informada. También alertaron sobre el debilitamiento de controles ambientales, invasiones de colonos a áreas protegidas, violencia, desplazamiento forzado y criminalización de liderazgos que se resisten.
El atlas identifica que el sector minero nicaragüense está dominado por empresas de origen chino, tanto en minería industrial como artesanal. La investigación documenta afectaciones a 163 ríos y 80 quebradas en territorios ancestrales, que suman 1.894 kilómetros de redes hídricas comprometidas.
Defensores de derechos humanos consultados por Mongabay Latam destacan que el mapa permitió a las comunidades dimensionar por primera vez la magnitud real del impacto en sus tierras. Las denuncias presentadas ante la CIDH incluyen esta documentación cartográfica como evidencia de la violación sistemática de derechos territoriales bajo el actual régimen.
Fuente original: https://es.mongabay.com/2026/08/mineria-nicaragua-territorios-indigenas-afrodescendientes/