Más de 60 organizaciones de la sociedad civil manifestaron hoy su preocupación por el Decreto 780/24 con el que el Poder Ejecutivo Nacional y aseguraron que “intenta restringir el derecho de acceso a la información pública”, a través de un comunicado conjunto.
Las organizaciones solicitaron que el gobierno nacional deje sin efecto la medida, que fue publicada ayer en el Boletín Oficial y garantice el pleno acceso a la información que se encuentra en manos del Estado.
Qué dice el comunicado de las organizaciones
“Solicitamos al Poder Ejecutivo Nacional que deje sin efecto este decreto y se garantice el pleno acceso a la información pública. Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra preocupación por el Decreto 780/24 con el que el Poder Ejecutivo Nacional intenta restringir el derecho de Acceso a la Información Pública”, escribieron las organizaciones.
Las asociaciones civiles explicaron que un decreto reglamentario no puede limitar el derecho de acceso a la información pública en contradicción con el alcance de la propia Ley de Acceso a la Información, que fue votada por el Congreso de la Nación en 2016.
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“El Decreto 780/24 implica una seria regresión en materia de interpretación del derecho de acceso a la información a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos y lucha contra la corrupción”, advirtieron en la misiva que fue firmada por organizaciones como ACIJ, FARN, FOPEA, Poder Ciudadano y Sipreba, entre otros.
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El decreto fue criticado desde el ambientalismo
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) calificó a la norma como “inconstitucional” y aseguró que “restringe los principios establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública y en el Acuerdo de Escazú”.
“El Decreto 780 vulnera radicalmente los principios que guían el acceso a la información, tales como la máxima publicidad de los actos de gobierno, la no discriminación y el libre ejercicio del derecho de acceso a la información”, indicaron desde FARN.
