Ir al contenido 
Desde el 2017, la Fundación Stop Ecocidio impulsa la creación del delito de “ecocidio” para que los daños graves y duraderos sobre el ambiente realizados por personas y empresas puedan ser sancionados penalmente en ámbitos domésticos e internacionales.
En Argentina, los expertos creen que la figura puede ser sumada al Código Penal y funcionar como un “contrapunto” para la aplicación del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) ya que ese nuevo sistema impulsará la extracción de recursos naturales con sus consecuentes efectos sobre los ecosistemas.
La modificación del estatuto de Roma
A nivel internacional, Stop Ecocidio propone modificar el Estatuto de Roma y que el ecocidio sea considerado como el quinto crimen internacional junto con el genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión.
“Se entenderá por ‘ecocidio’ cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes probabilidades de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente”, definió en 2021el Panel Internacional de Expertos Independientes convocado por la fundación.
Dentro de estos delitos se encontrarían los pasivos ambientales producidos por los desastres químicos y nucleares, los derrames de petróleo, las emisiones industriales, la industria del cemento, las arenas bituminosas, el fracking, la agricultura industrial, la contaminación de los cursos de agua, la deforestación, la pesca industrial y contaminación por plásticos, entre otros.
“La emergencia climática y ecológica es el resultado de muchos años de estas actividades industriales dañinas. Las empresas y los gobiernos han decidido continuar con estas prácticas pese a conocer los riesgos que implican”, expresa la organización en su sitio web, y agrega que no se nos puede culpar a la ciudadanía por el ecocidio porque no son quienes toman “las decisiones de alto nivel político y de inversión”.
La iniciativa es impulsada en Naciones Unidas por las naciones insulares Vanuatu y las Maldivas y se espera el apoyo de varios estados europeos como Francia, Bélgica, Finlandia, España y Luxemburgo para hacer la presentación formal. El Papa Francisco y la primatóloga Jane Goodall ya mostraron su conformidad.
El impulso del ecocidio en Argentina
Miguel Ángel Asturias, director de la Asociación de Investigadores de Derecho Penal Ambiental y Climático (AIDPAC) y miembro activo de Argentina sin Ecocidio, explicó a EcoNews que “la idea es que los países también hagan propuestas para modificar su legislación interna”. “En Argentina buscamos que se pueda incorporar al Código Penal”, subrayó el también Profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Belgrano.
“El ecocidio pone en riesgo la subsistencia del planeta, es un acto ilícito a sabiendas de que existen riesgos graves”, explicó Asturias, y confirmó que esperan presentar en el Congreso nacional este proyecto de ley, que ya fue debatido en ámbitos académicos.
Los expertos explicaron que sumar a los delitos contra el ambiente dentro del derecho penal puede funcionar como disuasión para cometer estos crímenes. “El derecho penal es una herramienta totalmente disuasiva para proteger el ambiente, que es lo que manda el artículo 41 de la Constitución Nacional”, aseveró Asturias.
Por último, el director de AIDPAC afirmó que la figura de ecocidio puede funcionar como “contrapunto” para la explotación de los recursos naturales que propone el RIGI en Argentina y propuso que haya agravantes cuando estos delitos sean cometidos con la connivencia de un funcionario público.
“Nuestro país está modificando el sistema para la extracción de los recursos naturales a través del RIGI, creo que sería un buen contrapunto que esas actividades empiecen a desarrollarse con una ley que tenga una sanción por los incumplimientos”, afirmó.
“No estamos en contra de la extracción de los recursos naturales para el desarrollo económico, pero queremos evitar las consecuencias ambientales graves, que no queden impunes. Los principales actores de este tipo de conductas son las personas jurídicas y el crimen organizado”, concluyó.
