Siete diputados de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de ley denominado “Presupuestos mínimos para la gestión de productos fitosanitarios” que permite que se fumigue con agroquímicos a 10 metros de las escuelas y viviendas en el caso de aplicaciones terrestres y a 45 metros para las aéreas. Paradójicamente, según los legisladores esta iniciativa tiene como objetivo “velar por el fomento e implementación de buenas prácticas agropecuarias, a fin de compatibilizar las actividades productivas con la protección de la salud humana y el ambiente en forma sustentable”.
Los diputados que presentaron este proyecto de ley son: el ex ministro nacional de Agroindustria y empresario ganadero, Ricardo Buryaile (Formosa – UCR); el productor agropecuario Pablo Torello (Buenos Aires – PRO); el hacendado Roberto Antonio Sánchez (Tucumán – UCR); la empresaria Marilú Quiroz (Chaco – PRO); Gabriela Brouwer de Koning (Córdoba – Evolución Radical); Victoria Borrego (Buenos Aires – Coalición Cívica) y el acopiador de granos, Atilio Benedetti (Entre Ríos – UCR).
En el Artículo 11º llamado “Zonas Sensibles” de la iniciativa, destacan: “Las zonas sensibles definidas en el marco de la presente ley comprenden a) Las áreas urbanas, centros poblados, grupos de viviendas permanentes, y viviendas donde habiten trabajadores rurales y sus familias, más diez (10) metros para el caso de aplicaciones terrestres y cuarenta y cinco (45) metros para el caso de aplicaciones aéreas, contados desde el límite de área o lote hacia la zona productiva”.
El proyecto fue presentado el pasado 12 de septiembre en el Congreso. En él declaran que es “de interés nacional la adopción de buenas prácticas en la aplicación de productos fitosanitarios, la investigación, el desarrollo y la adopción de prácticas de manejo integrado de plagas, enfermedades y malezas para la producción agrícola y el acceso a tecnologías con niveles crecientes de eficiencia y gestión de riesgos”.
Recientemente, un informe del proyecto de Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global 2020/2025 (SPRINT, por sus siglas en inglés) ―financiado por La Unión Europea (UE) para identificar los residuos de los agrotóxicos en ecosistemas y en humanos, y analizar el peligro de la sinergia (la combinación o mezcla) entre los plaguicidas hallados― dado a conocer por la Revista MU, reveló que todos los participantes argentinos presentaron “un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y un rango de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal”. Entre los agrotóxicos detectados están el glifosato y el clorpirifos que, aunque esté prohibido en Argentina, se sigue vendiendo.
Un mes atrás, la Coordinadora Basta es Basta, representada por el Foro Ecologista Paraná, presentó una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras las fumigaciones con agrotóxicos en las escuelas. En marzo, la prohibición de fumigar a menos de 1 000 metros de estos establecimientos se redujo a 100 metros por decreto del gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y la Corte Suprema de Justicia se negó a revisar esta medida. Por este motivo, los diputados nacionales del Frente de Todos, Mónica Macha y Eduardo Valdés, presentaron un escrito que expresa su “preocupación” por la sentencia de la CSJN que declara los casos de las escuelas fumigadas “como carentes de trascendencia”.
