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En una sola mañana, la Legislatura de Río Negro con 33 votos a favor y 11 en contra aprobó un paquete de leyes que favoren a la minería en la provincia argentina. La sociedad, especialmente los pueblos originarios, rechazan estas nuevas normas y aseguran que no hay licencia social para ellas.
Fueron tres los cambios:
- la modificación del Código de Procedimientos Mineros de Río Negro,
- la ley de Regalías Mineras y
- la creación del Consejo Provincial de Evaluación Ambiental Minera (Co.P.E.A.M.)
Esto sucedió el 7 de diciembre. El bloque de Juntos Somos Río Negro (JSRN) del gobernador Alberto Weretilneck, que tenía mayoría parlamentaria hasta el 10 de este mes, presentó de manera exprés, la reforma de la Ley de Tierras y los otros dos proyectos.
Los bloques del Frente Renovador y del Frente Grande le dieron los avales, mientras que el Frente de Todos, Unidad Ciudadana y Kolina los rechazaron.
Río Negro: ¿en qué consiste la nueva Ley de Tierras?
La modificación a la Ley de Tierras cambia el destino de las tierras: la actividad minera y el turismo ahora están permitidos las tierras fiscales. A pesar de que la ley original (que databa del 1961) no era cumplida taxativamente, el temor de parte de la sociedad es que se vean vulnerados sus derechos, ya que ahora compite con el uso social y productivo que tenían.
Por ejemplo, aseguraba: “La radicación efectiva y estable de la familia agraria”.
Los pueblos originarios son los primeros en oponerse por una razón específica: muchas de las tierras fiscales son reclamadas por ellos como sus territorios ancestrales, ya que allí vivieron toda su vida ellos y sus antecesores. Es decir, son “propiedad comunitaria” y deberían ser reconocidas por el Estado como lo señala la ley 26.160.
Al modificarse la Ley de Tierras, aseguran que se está favoreciendo a empresas mineras e inmobiliarias y que se legitima la apropiación de tierras por parte de grandes capitales nacionales y extranjeros. Sin la consulta libre, previa e informada, quedarían fuera de las decisiones ante los proyectos extractivistas.
Más de 170 comunidades mapuche, mapuche tehuelche, organizaciones sociales, de derechos humanos, gremiales y personas autoconvocadas se movilizaron frente al parlamento para tratar de ser escuchados y que no se aprobara el paquete de leyes mineras.
En contacto con la Revista Cítrica, Orlando Carriqueo, werken del Parlamento Mapuche de Río Negro, dijo: “Las tierras robadas serán recuperadas, nuestros territorios no son tierras fiscales, son territorios de ocupación tradicional pública de nuestras familias. Le venimos a decir que a nuestro territorio lo vamos a defender de las mineras, porque no estamos dispuestos a que contaminen nuestra agua con el paso de las mineras. Tenemos que asumir que nos quieren seguir violentando, expulsando de nuestros territorios. Y no lo vamos a permitir”, concluyó.
¿Minería sostenible?
Las modificaciones fueron impulsadas por el gobierno provincial “con el fin de adecuar las prácticas mineras a los nuevos estándares internacionales y compromisos asumidos por el país”, señalaron en su sitio web.
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El secretario de Minería, Joaquín Aberastain Oro, dijo que el objetivo general de estas leyes es “transformar en obligación ciertas prácticas mineras, alineándolas con estándares internacionales como el EITI, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y otros compromisos internacionales, como el derecho a una consulta previa, libre e informada que se desprende del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.
“Buscamos una minería sostenible, responsable y en línea con las normativas internacionales que promueven la transparencia y la participación comunitaria”, afirmó el funcionario. “Adaptamos nuestra legislación a los estándares internacionales para fortalecer la industria, proteger el medio ambiente y garantizar el respeto a los derechos de las comunidades”, amplió.
Sin embargo, Carriqueo dijo a Cítrica: “El Co.De.CI está totalmente desfinanciado, no tenemos presupuesto para realizar las mensuras, tenemos una sola camioneta para recorrer las más de 170 comunidades que habitan en la provincia, de las que sólo 60 están relevadas por la ley 26.160”.
Otro de los proyectos aprobados introdujo modificaciones en materia de distribución de regalías mineras, con cambios porcentuales en las transferencias directas.
Ahora, las regalías mineras involucran directamente a comisiones de fomento con una redistribución “más equitativa que prioriza la zona de influencia de los proyectos”, afirmaron desde el gobierno provincial. “No solo en el incremento de las transferencias directas sino también que se puedan ver beneficiadas con obras de infraestructura, por ser los lugares desde donde se extraen los recursos para el fortalecimiento económico provincial”, concluyeron.
Por otra parte, las comunidades rechazan cualquier incremento de estos porque se oponen a cualquier tipo de emprendimiento “en detrimento de la naturaleza”.
