La Justicia Federal ordenó hoy mediante una medida cautelar suspender por tres meses los desmontes en la provincia de Chaco y la resolución fue calificada como “una gran victoria judicial” por parte de la Asociación de Abogados Ambientalistas, quienes habían iniciado la denuncia por la destrucción del monte chaqueño.
La medida judicial fue dictada por la jueza federal Zunilda Niremperger del Juzgado Federal N°1 de Resistencia en el marco de la denuncia penal que habían presentado la organización de abogados contra la “Mafia del Desmonte” en la provincia.
A través de la resolución, la magistrada ordenó al Poder Ejecutivo de Chaco, Ministerio de la Producción y Desarrollo Económico Sostenibles, la suspensión de los desmontes, tanto los que hubieren sido autorizados y aún no se han ejecutado, como así, el otorgamiento de nuevos permisos para ello, en el territorio de toda la provincia.
La causa judicial por los desmontes en Chaco
“La megadenuncia penal presentada el pasado 3 de julio devela el aceitado mecanismo de corrupción público/privado que lucra con la destrucción del monte chaqueño”, sostuvieron en un comunicado desde Abogados Ambientalistas.
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La denuncia penal y la posterior acusación fiscal es contra Hernán Halavacs, gestor forestal, actual Ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de Chaco; Miguel Ángel López, ex Director de Bosques de la Provincia, actualmente empresario forestal; Luciano Olivares, ex Subsecretario de Desarrollo Forestal, actual asesor legal del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de la Provincia; Atlanto Honcheruk, empresario forestal, Diputado provincial; Juan José Bergia, Diputado provincial y Zenón Cuellar, Intendente de la localidad de El Espinillo, entre otros funcionarios.
“Acusamos a funcionarios públicos, diputados y empresarios de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal), tráfico de influencias (art. 256 bis), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265), malversación de caudales públicos (art. 260), y Asociación Ilícita”, explicaron desde Abogados Ambientalistas.
Investigarán a empresas por los desmontes
Desde la organización también se aclaró que mediante la aplicación de la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, se investigará a empresas como Vicentín, Las Guindas, Establecimiento Monterrey, Cuenca del Salado, Grupo Buratovich Hermanos, MSU, Triad, Alejandro Hayes Coni, Ricardo Shihon y Jerilderie, Cigra y La Nueva Pirámide, entre otras.
“Este dictamen es un respiro para el Monte Chaqueño y su gente. Seguiremos hasta desarticular a la Mafia del Desmonte”, aseguraron los letrados.
