La Haya, 23 de julio de 2025 — La protección del ambiente atraviesa un momento decisivo. El pasado 3 de julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la Opinión Consultiva OC-32/25, un hito jurídico que, por primera vez en las Américas, vinculó de forma directa la emergencia climática con los derechos humanos. En sintonía con este avance histórico, mañana la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dará a conocer su propia Opinión Consultiva, que podría redefinir el marco legal global frente al cambio climático.
Solicitado por Vanuatu y respaldado por más de 100 países, el dictamen busca responder dos preguntas clave: ¿Qué obligaciones tienen los Estados, según el derecho internacional, para hacer frente a la crisis climática? ¿Y qué consecuencias legales enfrentan si no actúan y causan daños irreversibles?
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En un contexto donde los desastres climáticos se agravan y las emisiones históricas continúan sin castigo, la decisión de la CIJ no será solo jurídica: será profundamente política. Su impacto podría marcar un antes y un después en tribunales nacionales, negociaciones internacionales y en los reclamos por justicia climática de los países más vulnerables.
Claves del fallo: tratados climáticos y responsabilidad por daños
Los tratados climáticos, como el Acuerdo de París, son solo una pieza del rompecabezas. La CIJ debe clarificar si las obligaciones de los Estados se extienden también al derecho humanitario, al Derecho del Mar o a los principios de derechos humanos. Países como Estados Unidos y China han insistido en que sus compromisos se limitan a los acuerdos voluntarios, pero naciones insulares y del Sur Global argumentan que la inacción climática viola derechos básicos, como el de la vida o a un ambiente sano.
“Las recientes opiniones consultivas sobre clima del TIDM y la Corte IDH, así como otros casos climáticos emblemáticos, lo dejan claro: las obligaciones climáticas de los Estados no solo están incorporadas en los tratados específicos sobre el clima, sino también en normas más amplias de derecho internacional”, reflexionan Joie Chowdhury, abogada senior del Centro de Derecho Ambiental Internacional, y Sébastien Duyck, abogado senior y gerente de campañas de Derechos Humanos y Clima del Centro de Derecho Ambiental Internacional.
Otro de los puntos más controvertidos es la responsabilidad por daños pasados. Las islas del Pacífico, por ejemplo, cuyas emisiones son mínimas, sufren el aumento del nivel del mar por el carbono emitido históricamente por potencias industriales. La Corte podría sentar un precedente al reconocer el derecho a compensaciones económicas, tecnológicas o incluso migratorias para los afectados.
“Las conclusiones de la Corte sobre las consecuencias jurídicas tendrán gran peso, sobre todo porque hasta la fecha el asunto no se ha abordado a fondo, ni mucho menos resuelto, en el derecho ni en las políticas. En esta era de daños climáticos devastadores y crecientes, un fallo claro de la CIJ podría sentar una base jurídica mucho más sólida para la reparación climática, ofreciendo un recurso vital crucial para las naciones y comunidades más afectadas por los impactos climáticos”, suman los expertos del CIEL.
Derechos humanos y otras consideraciones decisivas
La crisis climática es, ante todo, una crisis de derechos. La Corte Interamericana y el Tribunal Europeo ya lo han establecido en fallos recientes. La CIJ ahora debe decidir si los Estados están obligados a proteger a las generaciones futuras, garantizando que sus políticas no comprometan la habitabilidad del planeta. Esto incluiría, por ejemplo, la obligación de eliminar subsidios a combustibles fósiles o frenar proyectos extractivos.
Otro de los puntos que analiza el CIEL sobre la Opinión Consultiva, es la consideración de las responsabilidad comunes pero diferenciadas. El derecho internacional reconoce que los países industrializados, responsables del 70% de las emisiones históricas, deben asumir mayores cargas. Sin embargo, naciones como India y Brasil exigen que la CIJ especifique cómo se traduce esto en financiamiento climático y transferencia de tecnología. Un fallo claro podría desbloquear las estancadas negociaciones de la COP30 en Belém.
“Un punto de inflexión histórico“
Según destacan los expertos del CIEL, desde la iniciativa impulsada por Vanuatu, más allá del resultado final, estos procedimientos ya constituyen un punto de inflexión histórico: “Se trata del fruto de una colaboración profunda, tanto entre regiones como dentro de ellas, con un papel protagónico del Sur Global y el liderazgo de activistas —especialmente jóvenes del Pacífico— que han impulsado una campaña global sin precedentes”.
Este fallo no solo influirá en futuros litigios (como los reclamos ante la Corte Africana de Derechos Humanos) sino que marcará un antes y después en la diplomacia climática. Como señaló un delegado de Vanuatu: “Es la primera vez que el mundo pregunta a un tribunal si destruir el clima es ilegal. La respuesta podría cambiar todo”.
En unas horas decisivas, la CIJ tiene la oportunidad de convertir la justicia climática de un eslogan en un mandato legal. En juego está no solo el futuro del derecho internacional, sino la supervivencia de millones.
