En el corazón del Chaco paraguayo, donde el horizonte se extiende sobre territorio agreste y el silencio del monte guarda la memoria de pueblos ancestrales, una obra que promete progreso: la Ruta Bioceánica. Con sus 532 kilómetros de extensión, este corredor vial busca conectar Brasil con Argentina atravesando Paraguay, y se presenta como símbolo de integración regional y modernización. Sin embargo, detrás de los discursos oficiales y las cifras millonarias se esconde una realidad marcada por desigualdad, abandono y degradación ambiental.
Francisco, en su encíclica Laudato si’, recuerda que “no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental”. Esta afirmación cobra vida en el Chaco, donde la construcción de la Ruta PY-15 se convierte en metáfora de un modelo de desarrollo que privilegia al capital transnacional mientras deja en la orfandad a comunidades indígenas y campesinas.
Desde el año 2019, el Estado paraguayo ha destinado 746 millones de dólares para financiar la obra, con un primer tramo de 277 kilómetros que demandó 443 millones de USD, financiados mediante bonos emitidos por UBS Securities LLC. Mientras las máquinas avanzan y el asfalto se extiende, en localidades como Pozo Hondo se registran muertes por falta de ambulancias o transporte sanitario básico.
La paradoja es evidente: mientras se construye una carretera para transportar mercancías a escala continental, miles de familias del Chaco sobreviven sin acceso a agua potable, consumiendo líquidos estancados y sin tratamiento. Carecen de caminos transitables todo el año, de mercados locales, de escuelas dignas y de centros de salud equipados. El “progreso” estatal se mide en kilómetros de ruta, pero no en dignidad humana.
Este contraste refleja lo que Laudato si’ denuncia como una “cultura del descarte”, donde las personas y territorios que no generan rentabilidad inmediata son relegados. El Estado, en lugar de garantizar derechos básicos, se endeuda para sostener un modelo extractivista que concentra beneficios en una élite económica y profundiza las desigualdades sociales.
Los Ayoreos, pueblo originario, cuya presencia territorial antecede a la conformación del Estado paraguayo, aún mantiene familias en aislamiento voluntario que dependen del monte para su subsistencia. Sin embargo, sus territorios están siendo invadidos y fragmentados por proyectos de canteras, tala ilegal y especulación inmobiliaria, impulsados por la apertura de nuevas vías de acceso.
Las promesas de protección territorial y desarrollo comunitario hechas por el Estado y el consorcio constructor se han quedado en protocolos vacíos. La consulta previa se redujo a un trámite formal, las condiciones laborales fueron precarias y no se constituyeron mesas de diálogo efectivas. Referentes indígenas denuncian además el aumento de riesgos sociales como la trata de personas y la explotación sexual en las zonas afectadas por la obra.
Aquí se revela lo que Francisco llama en Laudato si’ “la deuda ecológica” que los países tienen con los pueblos originarios. Una deuda que no se mide en cifras financieras, sino en el despojo de territorios, en la pérdida de culturas y en la destrucción de modos de vida que han sabido convivir en armonía con la naturaleza.
El manejo de las tierras en el Chaco evidencia una gestión estatal marcada por la improvisación y la falta de visión ecológica. Las autoridades han permitido que vastas extensiones sean entregadas a proyectos extractivos sin garantizar la protección de los pueblos originarios ni de los ecosistemas. En lugar de fortalecer políticas de conservación y desarrollo comunitario, se ha priorizado el endeudamiento para obras que benefician principalmente al capital internacional.
La ausencia de planificación territorial se traduce en fragmentación de hábitats, pérdida de biodiversidad y desplazamiento de comunidades. Los compromisos de inclusión laboral y protección cultural se han quedado en papeles, mientras la realidad muestra precariedad y abandono. El Estado, que debería ser garante de derechos, aparece como facilitador de intereses privados, dejando a las comunidades sin voz ni recursos.
Este modelo responde a lo que Laudato si’ denuncia como “la tecnocracia”, una lógica que confía ciegamente en la infraestructura y en el crecimiento económico, sin considerar las consecuencias sociales y ambientales. La ruta bioceánica es un ejemplo de cómo la tecnocracia puede convertirse en un camino de desigualdad si no se acompaña de políticas inclusivas y sostenibles.
Francisco insistía en que debemos escuchar “tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres”. En el Chaco, ambos clamores se entrelazan. La tierra, fragmentada por el extractivismo, pierde su capacidad de sostener la vida. Los pobres, abandonados por el Estado, ven cómo sus derechos básicos son postergados en nombre de un progreso que no los incluye.
La construcción de la ruta bioceánica, presentada como símbolo de integración regional, se convierte en un corredor de desigualdad. Las comunidades siguen sin servicios básicos, mientras el capital internacional se beneficia de una infraestructura que facilita la extracción y exportación de recursos.
La pregunta que surge es inevitable: ¿de qué sirve conectar océanos si desconectamos a las comunidades de sus derechos más elementales? ¿Qué sentido tiene hablar de integración si se construye sobre el abandono y la exclusión?
Laudato si’ nos invita a repensar el concepto de desarrollo. No se trata de acumular infraestructura ni de aumentar el PIB, sino de construir un modelo integral que respete la dignidad humana y la creación. El progreso verdadero no puede medirse en kilómetros de asfalto, sino en acceso a agua limpia, educación de calidad, salud digna y respeto por los territorios ancestrales, factores claros del modelo de desarrollo integral que nuestra Casa Común necesita.
El desafío es transformar la ruta bioceánica en un camino de vida. Esto implica garantizar que las comunidades tengan voz en las decisiones, que se respeten sus derechos territoriales y culturales, y que se implementen políticas de conservación ambiental. La integración que necesitamos es aquella que une a los pueblos en la justicia y en el respeto por la naturaleza, no aquella que los divide en beneficio de unos pocos.
No perdamos la esperanza en medio de este clamor. A pesar de la dureza de la realidad, el Chaco sigue siendo un territorio de esperanza. Sus comunidades, con su resistencia y su sabiduría ancestral, nos muestran que es posible vivir en armonía con la naturaleza. El monte, aunque fragmentado, aún guarda la memoria de un modo de vida que respeta los ciclos de la tierra.
La denuncia profética de Laudato si’ nos recuerda que no estamos condenados a repetir los errores del extractivismo. Podemos construir un futuro distinto si escuchamos el clamor de la tierra y de los pobres, si reconocemos la deuda ecológica y social, y si apostamos por un modelo de desarrollo integral.
El Chaco no necesita ser atravesado por una autopista de desigualdad. Necesita ser abrazado por políticas que reconozcan su riqueza cultural y natural. Solo así podremos hablar de progreso verdadero: aquel que construye vida, justicia y esperanza.
La Ruta Bioceánica, presentada como símbolo de modernización, revela las contradicciones de un modelo de desarrollo que privilegia al capital transnacional mientras abandona a las comunidades locales. El caso del Chaco paraguayo confirma la denuncia de Laudato si’: la crisis ambiental y la crisis social son una sola y compleja crisis socioambiental.
Las denuncias de promesas incumplidas —consultas previas reducidas a protocolos, empleos precarios, riesgos sociales como la trata de personas— contrastan con la esperanza de quienes sueñan con un Chaco integrado, pero no a costa de su identidad. La pregunta que late es clara: ¿qué significa progreso en un territorio donde aún falta lo esencial?
El desafío es transformar la ruta en un camino de vida, donde el progreso se mida en dignidad humana y respeto por la creación. La esperanza está en las comunidades que resisten, en la memoria del monte y en la posibilidad de construir un futuro distinto.
Porque el verdadero progreso no se mide en kilómetros de asfalto, sino en la dignidad de quienes caminan sobre él.
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