La Unión Europea es considerada por muchos como el líder mundial en la lucha contra el cambio climático, una posición que ha mantenido durante las últimas décadas. Por supuesto, la mayoría de los estados miembro son demasiado pequeños para influir por sí solos en las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI). Pero, como bloque, han logrado generar efectos positivos en las políticas, creando un círculo virtuoso en el que sus ambiciones climáticas animan a otros a seguir su ejemplo.
Imaginemos esto como una rueda de políticas. Al principio, se necesita un esfuerzo considerable (en el caso de la UE, capital político y diplomático) para ponerla en marcha. Pero una vez que ha comenzado a girar, cada rotación facilita la siguiente. Tres acontecimientos recientes subrayan la necesidad de que Europa mantenga su liderazgo en materia de política climática, en otras palabras, que mantenga la rueda en movimiento.
El impulso más contundente de la UE hasta la fecha es el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, que entró en pleno funcionamiento el 1 de enero. El CBAM (por su sigla en inglés) les pone un precio a las emisiones de carbono incorporado generadas en la producción de determinadas importaciones industriales, con créditos por los precios del carbono pagados en el lugar de fabricación.
Esto ha desplazado el cálculo político global hacia una dirección mucho más ecológica. Para no perder competitividad, las empresas exportadoras y los gobiernos no pertenecientes a la UE se muestran cada vez más receptivos a los sistemas nacionales de fijación de precios del carbono. El Reino Unido está desarrollando una política similar que, según lo previsto, entraría en vigor en 2027. Y antes de la aplicación del CBAM, varios países con grandes emisiones, como China, India y Brasil, han ampliado o introducido la fijación de precios del carbono.
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La fijación de precios del carbono es una de las herramientas más eficaces para reducir las emisiones, ya que incentiva a las empresas a reducirlas cuando es más barato hacerlo y aleja el consumo de los productos intensivos en carbono cuando no lo es. Un informe que he elaborado junto con colegas del Proyecto de Política Climática Global de Harvard y el MIT muestra que una coalición de países que fijan precios al carbono en las industrias pesadas podría generar miles de millones de dólares en ingresos, al tiempo que reduciría significativamente las emisiones globales.
A mediados de febrero se produjo un avance importante en este ámbito, que recibió poca atención en Europa y Estados Unidos debido al empeoramiento de las condiciones geopolíticas. Australia publicó su revisión final sobre la fuga de carbono, en la que recomendaba su propia versión del CBAM para los sectores intensivos en emisiones (lo que supone otro giro del volante). Otros países, entre ellos Turquía, también están estudiando la posibilidad de aplicar ajustes fronterizos por emisiones de carbono.
La creciente adopción de precios del carbono en las importaciones ejerce una enorme presión sobre los países que no cuentan con un sistema de este tipo, ya que sus exportaciones están cada vez más sujetas a ajustes fronterizos. Los beneficios políticos de la fijación de precios del carbono pronto superarán los costos, y más gobiernos se sumarán a la iniciativa. Lo ideal sería que esto diera lugar a un CBAM que nunca tuviera que aplicarse, ya que todos los países obligarían a la industria pesada a pagar por las emisiones relacionadas con sus procesos de producción.
Un país que es famoso por no tener un programa de fijación de precios del carbono es Estados Unidos, donde se produjo el segundo acontecimiento importante. Aproximadamente al mismo tiempo que Australia publicaba su revisión, la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, revocó la “declaración de peligro” de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), la base jurídica de toda la regulación de los GEI en Estados Unidos.
Si la administración es capaz de defender esta decisión imprudente ante impugnaciones legales, la futura política climática de Estados Unidos requerirá la intervención del Congreso. En concreto, una ley que restablezca la autoridad de la EPA para regular las emisiones de GEI probablemente necesitaría 60 votos para ser aprobada en el Senado, compuesto por 100 miembros. Por el contrario, la fijación de precios del carbono podría promulgarse mediante la reconciliación presupuestaria con una mayoría simple. Esta ventaja procesal implica que la fijación de precios del carbono sigue siendo una opción viable, aunque ahora parezca improbable.
Independientemente de la política federal, las multinacionales estadounidenses operarán cada vez más en mercados extranjeros con restricciones de carbono. Asimismo, en un mundo en el que el carbono tiene un precio adecuado, aumenta la demanda de acero y aluminio más limpios. Actualmente, Estados Unidos tiene una ventaja comparativa en estos sectores, que se vería reforzada por un sistema nacional de fijación de precios del carbono. Sin duda, los responsables de las políticas estadounidenses no están acostumbrados a seguir el ejemplo de otros países. Pero, en las condiciones políticas y económicas adecuadas, el gobierno estadounidense podría verse inducido a aprobar una legislación sobre la fijación de precios del carbono.
Con la derogación de la declaración de peligro, la lucha contra el cambio climático en Estados Unidos será más difícil. Pero eso refuerza los argumentos a favor de que Europa siga liderando la iniciativa, en particular con la fijación de precios del carbono, si esa se convierte en una de las pocas formas en que Estados Unidos puede avanzar en materia de acción climática en el futuro. Esto nos lleva al último acontecimiento importante de los últimos tiempos. El 11 de febrero, en una reunión con líderes industriales, el canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó que el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (RCDE), el mecanismo de fijación de precios del carbono del bloque, podría tener que revisarse si socava la competitividad industrial. Al día siguiente, los precios de referencia del carbono en Europa cayeron drásticamente.
Dadas las repercusiones del CBAM, cualquier percepción de debilitamiento de la ambición climática de la UE podría tener repercusiones en todo el mundo. Por lo tanto, a pesar de toda la preocupación por la revocación de la declaración de peligro por parte de Trump, la declaración de Merz es potencialmente aún más perjudicial para el progreso mundial en materia de cambio climático.
Ante la oposición a las regulaciones ecológicas de la UE, Merz y otros líderes europeos deberían reconocer que el CBAM está creando condiciones más equitativas para la industria europea al incentivar a otros países a adoptar la fijación de precios del carbono. Y, como primera y única jurisdicción con un mecanismo de este tipo, la UE se encuentra en una posición única para mantener este círculo virtuoso. Esto significa que cualquier reforma del RCDE debe abordarse con cautela, para no socavar la ambición que ha impulsado a Europa y que finalmente está obligando a otros a actuar.
* Catherine Wolfram, exsubsecretaria adjunta del Tesoro de los Estados Unidos, es profesora de Economía Energética en la Escuela de Gestión Sloan del MIT.
Derechos de autor: Project Syndicate, 2026.
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