El MERCOSUR alberga una de las mayores reservas de biodiversidad del planeta. Bosques tropicales, humedales, suelos fértiles y enormes reservas de agua dulce conforman un capital natural estratégico a escala global. Sin embargo, esa riqueza convive con una paradoja persistente: el bloque ha incorporado el lenguaje ambiental en sus normas, pero no ha logrado construir herramientas colectivas para protegerlo.
Esta brecha no es un detalle técnico ni una falla accidental. Es, en realidad, el resultado previsible de cómo funciona la integración regional sudamericana.
Durante las últimas décadas, el MERCOSUR fue sumando declaraciones, acuerdos y espacios técnicos vinculados al desarrollo sostenible. El ambiente ingresó al discurso oficial del bloque, se crearon instancias de cooperación y se multiplicaron las referencias a la protección de los recursos naturales. Sin embargo, cuando se observa qué puede hacer realmente el MERCOSUR para enfrentar problemas ambientales concretos, la respuesta es mucho más limitada.
El bloque carece de metas ambientales comunes, de sistemas regionales de monitoreo, de financiamiento colectivo para la transición productiva y de mecanismos de cumplimiento que generen incentivos claros. En otras palabras, existen normas, pero no capacidades.
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Esta debilidad tiene consecuencias reales en un contexto global donde el ambiente dejó de ser un tema marginal para convertirse en un factor central del comercio, la inversión y la competitividad internacional.
Los datos sobre transformación territorial ilustran la magnitud del problema. En Argentina, por ejemplo, se perdieron más de 10.5 millones de hectáreas de bosques nativos entre 1985 y 2024, según MapBiomas. Esto equivale a casi una quinta parte de la cobertura forestal original. La expansión agrícola explica gran parte de este proceso, especialmente en la región chaqueña, donde se concentra casi el 80% de la deforestación nacional.
Este patrón no es exclusivo del país. A lo largo del MERCOSUR, la expansión de las fronteras productivas continúa ejerciendo presión sobre ecosistemas estratégicos. Sin embargo, pese a tratarse de un fenómeno claramente regional, su gestión sigue siendo esencialmente nacional.
Aquí aparece el núcleo del problema: el MERCOSUR es un esquema estrictamente intergubernamental. Los Estados conservan el control decisorio y cualquier avance significativo requiere consenso unánime. Este diseño protege la soberanía, pero también limita la capacidad de adoptar políticas comunes exigibles, especialmente en áreas sensibles como el ambiente, donde los costos económicos y políticos son elevados.
La negociación del acuerdo entre el MERCOSUR y la Unión Europea hizo visible este límite con particular claridad. Europa exige cada vez más estándares ambientales vinculados a deforestación, trazabilidad y cambio climático como condición para sus acuerdos comerciales. El pacto incluyó compromisos ambientales y referencias al Acuerdo de París, pero las cláusulas carecen de mecanismos exigibles y sanciones claras.
El lenguaje predominante (expresiones como “promover”, “cooperar” o “según corresponda”) otorga amplios márgenes de discrecionalidad estatal. Esto no es casual: refleja que el MERCOSUR no dispone de instrumentos regionales para responder colectivamente a esas demandas. No hay sistemas comunes de verificación ambiental, ni fondos regionales para financiar la adaptación, ni agencias con capacidad operativa.
El resultado es que cada país enfrenta los costos de adaptación por su cuenta.
En este contexto, el ambiente se convierte además en un terreno de disputa política. En Europa, sectores agrícolas y gobiernos han invocado argumentos ecológicos para frenar la ratificación del acuerdo. En América del Sur, por su parte, la agenda ambiental suele quedar subordinada a coaliciones productivas que perciben las regulaciones como amenazas económicas.
La consecuencia es que, en muchos casos, el ambiente funciona más como argumento estratégico que como política pública sostenida.
Esta fragilidad institucional también implica que la continuidad de las políticas ambientales depende en gran medida de la orientación política de cada gobierno nacional. Sin instrumentos regionales sólidos, los compromisos pueden avanzar o retroceder según las prioridades de cada administración, lo que introduce altos niveles de incertidumbre.
Para países como Argentina, esta situación tiene efectos concretos. La ausencia de estándares regionales comunes reduce el poder negociador frente a exigencias externas, traslada al plano doméstico los costos de adaptación y refuerza la fragmentación institucional interna. También desalienta inversiones en transición productiva, ya que no existen señales regionales estables ni marcos regulatorios previsibles.
En términos más amplios, limita la capacidad del bloque para actuar colectivamente en un mundo donde la sostenibilidad se está convirtiendo en un componente central de la competencia económica global.
La experiencia ambiental del MERCOSUR revela, en definitiva, un límite estructural del regionalismo sudamericano. La integración ha sido eficaz para coordinar discursos y generar espacios técnicos, pero enfrenta dificultades persistentes para construir instrumentos que impliquen autoridad compartida y redistribución de costos.
Superar esta brecha no depende de sumar nuevas declaraciones. Requiere una decisión política más profunda: aceptar que ciertos desafíos (como la protección de los bienes naturales y la adaptación a la economía verde) no pueden gestionarse eficazmente desde la escala nacional.
El MERCOSUR concentra algunos de los ecosistemas más estratégicos del planeta. La pregunta ya no es si el bloque reconoce su valor, sino si está dispuesto a dotarse de las herramientas necesarias para protegerlos colectivamente.
Mientras esa decisión siga pendiente, la integración ambiental regional continuará siendo, sobre todo, una promesa escrita en los papeles.
Leé el ensayo completo de Constanza Sofía Soler, acá:
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