Chile acelera la desalinización para la minería con una velocidad que preocupa a la comunidad científica. Entre enero y junio de 2026, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) aprobó 23 proyectos mineros por USD 3.275 millones, casi el doble que en el mismo período del año anterior. La expansión responde a una necesidad concreta: la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) proyecta que el consumo hídrico de la minería del cobre aumentará de 18,5 metros cúbicos por segundo en 2024 a 20,6 en 2034.
El incremento parece modesto en números abstractos, pero representa la cantidad de agua que permite llenar una piscina olímpica cada 20 minutos. El cambio más profundo está en el origen del recurso: el agua de mar pasará de representar un 40,7% del abastecimiento de la minería a un 67,6% en la próxima década, según informó Michael Lieberherr Pacheco en Mongabay Latam.
En mayo de 2026, tras siete años de discusión en el Congreso, Chile promulgó su primera ley específica para regular la desalinización. La norma crea un régimen jurídico para eliminar la sal del agua marina y destinarla a diferentes usos, desde consumo humano hasta producción minera. Sin embargo, su entrada en vigor no será inmediata: la ley estableció un período máximo de 18 meses para dictar los reglamentos necesarios y definir cómo será el procedimiento para elaborar una Estrategia Nacional de Desalinización.
La ley no regula las descargas de salmuera al mar
El principal vacío identificado por científicos consultados por Mongabay Latam es la ausencia de estándares específicos para las descargas de salmuera, el agua con alta concentración de sal disuelta que resulta del proceso de desalinización. La salmuera suele ser vertida al mar, aunque existe evidencia sobre sus potenciales efectos en ecosistemas marinos. La ley tampoco obliga a dictar una norma que las regule, ni fija criterios concretos sobre la captación de organismos marinos que pueden ser absorbidos junto con el agua de mar.
Según Daniela Rivera, profesora de la Facultad de Derecho y del Centro de Derecho y Gestión de Aguas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, hasta ahora la desalinización se desarrollaba mediante normas dispersas sobre concesiones marítimas, evaluación ambiental y regulación sanitaria. Con la nueva ley se crea una concesión especial de desalinización y se le entregan nuevas funciones a la Dirección General de Aguas (DGA), el organismo público encargado de gestionar los recursos hídricos del país.
La ley tampoco incorpora reglas propias para evaluar los impactos acumulativos de varias plantas desalinizadoras sobre un mismo ecosistema costero. Todavía existen importantes vacíos sobre cómo se manifiestan estos impactos en las distintas condiciones que presenta la costa chilena. Para los expertos, el riesgo principal es que la expansión de la desalinización avance más rápido que las normas destinadas a medir y limitar sus impactos.
La Asociación Chilena de Desalación y Reúso de Aguas (ACADES) informó durante la promulgación que el país contaba con 24 plantas que producían en conjunto más de 11.000 litros por segundo. Los proyectos previstos para entrar en operación durante 2026 podrían aumentar esa capacidad en aproximadamente un 30%.
Fuente original: https://es.mongabay.com/2026/09/chile-desalinizacion-agua-mar-mineria-vacios-ambientales/
