Un jurado en Dakota del Norte resolvió que el grupo ambiental Greenpeace difamó a la compañía de transferencia de energía Energy Transfer Partners. La compañía de petróleo y gas con sede en Dallas había demandado a Greenpeace por 660 millones de dólares, alegando que la organización difamó y orquestó comportamientos criminales durante las protestas en la tubería de acceso de Dakota en 2016 y 2017.
Greenpeace negó las acusaciones y expresó su preocupación sobre el impacto de este veredicto en la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica. Expertos en derechos constitucionales temen que este caso pueda tener un efecto devastador en el activismo.
La estrategia de Greenpeace
A pesar del veredicto en contra, Greenpeace afirmó que continuará luchando por la protección de los derechos fundamentales de la Primera Enmienda (parte de la Constitución de los Estados Unidos que protege la libertad de expresión, prensa, reunión, religión y petición). La organización ha manifestado su compromiso con la no violencia en todas sus acciones y seguirá enfrentando los ataques contra la libertad de expresión y la protesta pacífica.
Según argumenta la organización ambientalista en su sitio web, “Greenpeace USA recurrirá el veredicto en Estados Unidos y Greenpeace Internacional también está estudiando esa posibilidad“. Además, el mes pasado demandó a Energy Transfer ante los tribunales holandeses haciendo uso por primera vez de la Directiva anti-SLAPP de la Unión Europea para recuperar todos los daños y perjuicios sufridos como resultado de las demandas consecutivas e infundadas de la petrolera estadounidense.
“Estamos presenciando un desolador regreso a la práctica imprudente que alimentó la crisis climática, profundizó el racismo ambiental y priorizó las ganancias de los combustibles fósiles por encima de la salud pública y un planeta habitable. La anterior Administración Trump dedicó cuatro años a desmantelar las normativas que protegían el aire limpio, el agua y la soberanía indígena, y ahora, junto con sus aliados, quiere rematar el trabajo silenciando las protestas. No daremos marcha atrás. No nos callarán”, lanzó Mads Christensen, director ejecutivo de Greenpeace International.
El caso ha despertado preocupación por la imparcialidad del jurado y por posibles influencias externas que podrían haber afectado el veredicto. La lucha por la justicia y la protección de los derechos fundamentales continúa, a pesar de los obstáculos en el camino.
*Fuente: The Guardian
