En el marco del creciente debate sobre la tipificación del ecocidio como delito penal en la Argentina, el pasado viernes 6 de junio tuvo lugar una reunión clave de conclusiones en la Sala Especial de la Torre Universitaria de la Universidad de Belgrano (UB), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El encuentro, que se desarrolló en el piso 17 del emblemático edificio, reunió a destacados especialistas en derecho penal ambiental, autoridades académicas y representantes de organizaciones internacionales comprometidas con la justicia ecológica.
El evento se inscribió como una instancia de reflexión y análisis técnico-jurídico frente al tratamiento legislativo que ya tiene lugar en el Congreso de la Nación. Actualmente existen tres proyectos de ley en debate que buscan incorporar el ecocidio —entendido como el daño grave, masivo y sistemático al medio ambiente— al Código Penal argentino.
La jornada en la UB contó con la presencia del Dr. Dino Luis Bellorio Clabot, Vicepresidente de Gestión Institucional de la Universidad de Belgrano y Decano de su Facultad de Derecho, quien ofició de anfitrión y resaltó la importancia del rol académico en estos procesos. También participaron el Dr. Miguel Ángel Asturias, Profesor Titular de Posgrado en la UB y Director de la Asociación de Investigadores de Derecho Penal Ambiental y Climático (AIDPAC), el Dr. Rodrigo Ignacio Lledó, Director de Stop Ecocidio para las Américas, y la Lic. Constanza Sofía Soler, Coordinadora Regional de la misma organización.
Junto a ellos, se hicieron presentes diversos académicos, investigadores, docentes y estudiantes invitados especialmente a este espacio de debate, que buscó profundizar en las implicancias éticas, jurídicas y políticas de reconocer el ecocidio como delito autónomo en el marco normativo argentino.
“Pensar en las generaciones futuras”
En su intervención, el Dr. Bellorio Clabot hizo hincapié en la dimensión intergeneracional del debate:
“No se trata solamente de sancionar el daño ambiental, sino de anticiparnos a él, de prevenirlo con herramientas legales eficaces. Tipificar el ecocidio en nuestro Código Penal es una forma de pensar en las generaciones futuras, de dejarles un marco jurídico que proteja su derecho a vivir en un ambiente sano”, expresó.
El académico remarcó también el rol de las universidades en generar conocimiento y conciencia sobre los nuevos desafíos jurídicos del siglo XXI, especialmente aquellos vinculados con el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el uso irresponsable de los bienes comunes.
Durante el encuentro también se destacó el rol del Dr. Miguel Ángel Asturias, uno de los impulsores del anteproyecto de ley de ecocidio vinculado a la campaña ciudadana en Change.org, que ya ha superado las 50.000 firmas de apoyo. Asturias, quien dirige la Asociación de Investigadores de Derecho Penal Ambiental y Climático (AIDPAC), ha sido una de las voces más activas en la promoción de un marco jurídico que reconozca el ecocidio como un delito autónomo, capaz de enfrentar los crímenes ambientales más graves. Su trabajo ha contribuido a tender puentes entre la academia, la ciudadanía y el Congreso, posicionando el tema en la agenda legislativa y mediática del país.
Un delito en expansión internacional
En el encuentro académico también se reflexionó sobre el contexto global del debate, donde la figura del ecocidio ha comenzado a ganar terreno en organismos multilaterales, cortes internacionales y sistemas jurídicos nacionales. En la Unión Europea países como Bélgica ya ha avanzado en su tipificación, mientras que otras naciones —entre ellas Brasil, Colombia y Perú— también analizan su inclusión.
El Dr. Rodrigo Lledó y la Lic. Soler, de Stop Ecocidio, compartieron experiencias comparadas y destacaron la importancia de que América Latina se sume al movimiento internacional que busca consagrar el ecocidio como el quinto crimen internacional perseguible por la Corte Penal Internacional, junto con el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión.
El espacio en la Universidad de Belgrano fue valorado como un aporte relevante al debate público y parlamentario de reconocer la gravedad jurídica de los daños ambientales masivos.
“Estamos ante una oportunidad histórica para repensar nuestro sistema penal en clave socioambiental”, concluyeron los organizadores, dejando abierta la invitación a seguir construyendo puentes entre el mundo académico, el poder legislativo y la sociedad civil.
La discusión continúa, pero el mensaje es claro: la Tierra no puede esperar.
🖊️ Sumá tu firma
La campaña para incluir el delito de ecocidio en el Código Penal argentino sigue creciendo. Ya son más de 50.000 personas las que firmaron en apoyo a esta iniciativa ciudadana que busca proteger la vida y los ecosistemas frente a los crímenes ambientales más graves. Firmá ahora en Change.org y sé parte del cambio.
