La Justicia federal argentina ordenó suspender el proyecto petrolero Sea Lion que las empresas Rockhopper Exploration PLC y Navitas Petroleum desarrollan en aguas cercanas a las Islas Malvinas bajo licencia británica. La medida cautelar fue dictada por Mariel Borruto, titular del Juzgado Federal de Río Grande, en respuesta a una acción preventiva promovida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA), según informó elDiarioAR.
La resolución prohíbe a las petroleras perforar el lecho marino, instalar infraestructura submarina, poner en funcionamiento las unidades flotantes de producción y avanzar con las obras terrestres en Puerto Argentino, entre ellas una base logística de hasta 120.000 metros cuadrados. El proyecto contempla la perforación de 23 pozos a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago.
La omisión de la evaluación ambiental argentina
El fundamento central del fallo es que ninguna autoridad argentina había iniciado un control ambiental sobre el proyecto hasta que la Justicia lo requirió. Un informe de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Jefatura de Gabinete, fechado en febrero de 2026, confirmó que no existía aviso de proyecto ni procedimiento de evaluación iniciado con las empresas mencionadas.
La Ley 25.675 exige evaluación de impacto ambiental previa para toda actividad capaz de degradar significativamente el ambiente, y la Ley 26.659 prohíbe desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización nacional. Para el juzgado, esa omisión no es un dato administrativo menor: es la conducta antijurídica que vuelve previsible el daño.
Primera intervención judicial sobre explotación offshore en Malvinas
La medida marca la primera vez que la Justicia argentina frena judicialmente un proyecto petrolero en las Islas Malvinas. La resolución aclara que se trata de una decisión cautelar y que todavía no hay pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las empresas. Sin embargo, el alcance de lo ordenado es amplio: la suspensión regirá hasta que las empresas sustancien ante la autoridad ambiental argentina el procedimiento de evaluación previsto en la Ley General del Ambiente, o hasta que el propio juzgado disponga lo contrario.
La jueza no adoptó la fórmula que pedían originalmente las organizaciones demandantes, que era mantener la prohibición hasta obtener un Certificado de Aptitud Ambiental: como Rockhopper ya tiene una inhabilitación administrativa por veinte años para operar en el país, esa condición habría convertido, en los hechos, una medida cautelar en una prohibición definitiva. El juzgado optó, en cambio, por una fórmula que consideró menos restrictiva y procesalmente más sólida.
El gobierno argentino envió al Congreso un proyecto de ley con penas más duras para la explotación ilegal de recursos en el Atlántico Sur, endureciendo su estrategia de soberanía sobre el área en disputa.
Fuente original: https://www.eldiarioar.com/politica/justicia-ordeno-frenar-proyecto-petrolero-malvinas-empresas-rockhopper-navitas_1_13515894.html
