Organizaciones ambientales advirtieron sobre la falta de debate legislativo en torno a la protección de los recursos oceánicos del país, durante el conversatorio “La Agenda de la pesca en el Congreso de la Nación”, realizado el martes en el Salón Frondizi Moreno del Senado de la Nación. El encuentro contó con el respaldo de la senadora nacional por Chubut, Edith Terenzi, quien cedió el espacio en la Cámara Alta para visibilizar el reclamo de transparencia institucional, en sintonía con el planteo que viene realizando el diputado Maximiliano Ferraro.
Un proyecto frenado en comisión
El eje del reclamo es la inactividad de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios de la Cámara de Diputados, presidida por el legislador de La Libertad Avanza César Treffinger. Ese espacio todavía no avanzó con el tratamiento de una iniciativa que busca hacer públicos los permisos, los antecedentes y las sanciones de toda la flota pesquera comercial.
La propuesta pertenece al diputado de la CC ARI, Maximiliano Ferraro, quien utilizó la jornada intersectorial para insistir en la necesidad de avanzar con esta herramienta y fomentar el acceso a la información oficial. Según explicó, la apertura de datos es una condición indispensable para garantizar una pesca sostenible en el tiempo, dado que se trata de la explotación de un recurso natural público. El legislador remarcó que buena parte de esa información ya está en poder del Estado, y que el proyecto apunta a ordenarla, actualizarla y hacerla accesible para toda la sociedad.
El monopolio estatal de la información
El reclamo cuenta con el respaldo del Círculo de Políticas Ambientales y de la fundación Sin Azul No Hay Verde. Consuelo Bilbao, directora política del Círculo, cuestionó que el Estado no solo administre los recursos marítimos sino que también concentre y monopolice la información necesaria para auditar el manejo de las licencias. Según planteó, la participación ciudadana en las decisiones del sector pesquero es prácticamente nula.
Bilbao también señaló que las organizaciones civiles no tienen acceso al Consejo Federal Pesquero ni conocen la integración de las comisiones técnicas donde se definen las decisiones operativas, y lamentó que Argentina sea el único país de la región cuya flota industrial se niega a publicar los datos de sus embarcaciones en un registro abierto.
Desde Sin Azul No Hay Verde, el coordinador Juan Coustet cuestionó que el titular de la comisión legislativa evite tratar este tipo de proyectos y advirtió que, sin datos de acceso irrestricto, resulta muy difícil evaluar el impacto ambiental real que generan las flotas frente a las costas patagónicas.
Transparencia contra la corrupción
Ferraro fundamentó la necesidad de abrir los registros al señalar que resulta paradójico que, muchas veces, para conocer información básica sobre la propia flota nacional haya que recurrir a certificadoras, organismos internacionales o plataformas privadas. El diputado sostuvo que hacer pública esa información no perjudica al sector productivo, sino que protege a quienes cumplen las reglas y permite diferenciarlos de quienes operan al margen de ellas. A su criterio, la medida reduciría de forma drástica los márgenes de discrecionalidad y los riesgos de corrupción en la administración de un recurso público.
El legislador insistió además en la urgencia de terminar con los vacíos normativos que facilitan el ocultamiento corporativo, y fue contundente al definir el objetivo de su iniciativa: saber quién pesca, con qué permisos, qué cuotas tiene, quiénes son los titulares y cuáles son sus antecedentes y sanciones.
Trazabilidad para sostener exportaciones y empleo
El encuentro también sirvió para poner en discusión la protección oceánica como motor económico estratégico. El sector pesquero argentino exporta cerca del noventa por ciento de sus capturas y genera ingresos récord que superan los dos mil millones de dólares al año.
Para sostener ese volumen de ventas en mercados internacionales cada vez más exigentes, Ferraro calificó a la trazabilidad como una deuda histórica del Congreso e impulsa un sistema capaz de seguir el producto a lo largo de toda la cadena, desde el momento de la captura hasta la comercialización final.
“Para las provincias pesqueras, cuidar el recurso significa proteger también el trabajo, la producción y el futuro de la actividad a lo largo de todo el litoral marítimo. Necesitamos contar con información confiable para que nuestros mares sigan siendo productivos para las próximas generaciones”, concluyó el diputado.
