La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una Opinión Consultiva que marca un hito en la historia del derecho internacional: los Estados pueden ser considerados legalmente responsables por sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y por no tomar medidas adecuadas contra el cambio climático. En su primer pronunciamiento sobre esta materia, el máximo tribunal de las Naciones Unidas deja en claro que las obligaciones climáticas no son opcionales: se basan en derecho vinculante, y su incumplimiento puede constituir un hecho internacionalmente ilícito.
“La Corte considera que la discrecionalidad de las partes en la progresión de sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) es limitada”, señaló el juez presidente Iwasawa Yuji. En ese sentido, explicó que los países están obligados a ejercer la debida diligencia y presentar planes climáticos que reflejen su “mayor ambición posible” en línea con el Acuerdo de París.
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Además, el tribunal advirtió que la producción, el consumo y la promoción de combustibles fósiles —incluyendo subsidios y licencias de exploración— pueden ser imputables a los Estados si se traducen en daño climático sin las debidas medidas de protección. En palabras del juez Yuji: “El hecho de que el Estado no adopte las medidas apropiadas […] puede constituir un hecho internacionalmente ilícito imputable a ese Estado”.
El dictamen no solo apunta a la reducción de emisiones, sino también a la reparación de daños ya causados. La CIJ fue enfática al sostener que los Estados responsables deberán indemnizar a las naciones y comunidades vulnerables cuando la restitución sea materialmente imposible.
Esta Opinión Consultiva no es jurídicamente vinculante, pero sí tiene un peso enorme en la evolución del derecho internacional. Se espera que sea citada en tribunales de todo el mundo, fortaleciendo litigios climáticos actuales y futuros, incluso aquellos dirigidos contra grandes emisores y empresas de combustibles fósiles.
La sentencia también reafirma la primacía de la ciencia climática como base para la acción jurídica y política. “Se trata de una preocupación de proporciones planetarias que pone en peligro todas las formas de vida”, dijo el presidente de la Corte. “Presentamos este dictamen con la esperanza de que sus conclusiones permitan al derecho informar y orientar la acción social y política para resolver la actual crisis climática”.
Primeras voces
Diversas voces de América Latina celebraron la Opinión Consultiva de la CIJ como un parteaguas en la lucha por la justicia climática. Mariana Campos Vega, Coordinadora para América Latina de Juventud Mundial por la Justicia Climática, afirmó desde México: “Para las juventudes y comunidades vulnerables, la decisión de la CIJ nos da herramientas para exigir un futuro habitable. Los grandes emisores ya no tienen excusa para postergar la acción climática”.
Desde Chile, Mariana Cruz, Directora Ejecutiva de CEUS, consideró que “la acción climática no puede desvincularse de la garantía de derechos” y sostuvo que esta Opinión Consultiva “representa una oportunidad para que los Estados asuman con mayor claridad sus obligaciones de prevenir daños ambientales […] y asegurar condiciones de vida dignas ante la crisis climática”.
Por su parte, Laura Restrepo Alameda, de la Red de Acción Climática de América Latina (CANLA), subrayó que “la Corte dejó un mensaje claro y contundente: los Estados tienen la obligación jurídica y moral de proteger a las personas —no a los intereses— ante el colapso climático”, y agregó que se trata de “una violación sistémica de los derechos humanos más fundamentales”. Finalmente, desde Costa Rica, Adrián Martínez, director de La Ruta del Clima, remarcó que “las obligaciones legales son la base mínima para la acción climática” y llamó a que “la COP30 abra el camino hacia la justicia y las reparaciones climáticas”.
Este avance fue posible gracias a una campaña innovadora iniciada en 2019 por estudiantes de Derecho de la Universidad del Pacífico Sur, junto con las organizaciones Pacific Island Students Fighting Climate Change (PISFCC) y World’s Youth for Climate Justice (WYCJ). Con el apoyo del gobierno de Vanuatu, lograron que más de 1.500 organizaciones se sumaran al pedido de Opinión Consultiva, que finalmente fue aprobado por unanimidad en la Asamblea General de la ONU.
El fallo marca un punto de inflexión: ya no se trata solo de compromisos voluntarios. A partir de ahora, la omisión climática puede tener consecuencias legales.
Fuente: Periodistas por el Planeta
