La esperanza ambiental la ofrecen los que más sufren

Padre mar, ya sabemos
cómo te llamas, todas
las gaviotas reparten
tu nombre en las arenas:
ahora, pórtate bien

Pablo Neruda “Oda al Mar”

Desde los recónditos confines del Océano Pacífico, recibimos el pasado mes de septiembre una noticia largamente esperada por quienes nos preocupamos y ocupamos de la protección del medio ambiente. Vanuatu, Samoa y Fiyi, tres pequeños Estados insulares del Pacífico Sur, han presentado formalmente un requerimiento de enmienda del Estatuto de la Corte Penal Internacional para incluir el crimen de ecocidio. Esto no es casual.

Los pequeños Estados insulares ya están padeciendo, como ningún otro territorio del planeta, los crecientes efectos del cambio climático. Su población ya se ha visto obligada a desplazarse a las partes más altas de las islas para no quedar bajo el agua. Su terreno agrícola disminuye y su modo ancestral de vida se desvanece día tras día. En un reciente artículo de Oxfam Intermón titulado “Vanuatu. Un paraíso a punto de desaparecer”, se indica que el aumento del nivel del mar “está poniendo en peligro al 64% de la población”. Pero esto no es todo, pues en el mismo artículo se indica que padecen tormentas y ciclones y el agua de sus pozos y manantiales se está volviendo salada.

(Leé más: Los líderes globales debaten que hará el mundo frente al aumento del nivel del mar)

Por ello, estos pequeños Estados, que son los que de momento más sufren el cambio climático, se han organizado para acudir a instancias internacionales para poner remedio a un problema que de momento les perjudica más a ellos, pero que terminará por afectarnos a todos. Primero fue la petición de Vanuatu de una Opinión Consultiva a la Corte Internacional de Justicia y ahora, el 9 de septiembre de 2024, ha sido la propuesta oficial de adopción del ecocidio como un nuevo crimen de competencia de la Corte Penal Internacional, situándose al mismo nivel que el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión.

Esta iniciativa, promovida por la organización Stop Ecocidio Internacional (SEI), está siendo debatida en distintas latitudes e idiomas, en foros académicos y políticos del más alto nivel, pero también en las distintas instancias de la sociedad civil, que ven con buenos ojos que se adopten medidas de prevención y de responsabilización individual para los casos más graves de destrucción ambiental.

La propuesta de Vanuatu, Samoa y Fiyi se basa en la definición adoptada por un Panel de Expertos Independientes que en junio de 2021 (en plena pandemia), fue convocado por SEI para tal efecto.

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Tras el depósito del requerimiento en manos del Secretario General de Naciones Unidas, el proyecto ha sido enviado al Grupo de Trabajo sobre enmiendas de la Corte Penal Internacional, un órgano subsidiario de la Asamblea de Estados Parte. Tras el examen preliminar, y una vez recabados los apoyos suficientes, el Grupo de Trabajo deberá proponer que la propuesta sea debatida en una sesión de la Asamblea o bien en una conferencia de plenipotenciarios establecida especialmente para considerar y, eventualmente, aprobar esta iniciativa.

Será necesario contar con la aquiescencia de no menos de dos tercios de los Estados miembros de la Corte Penal Internacional, unos 83 Estados de los 123 que conforman la Asamblea de Estados parte. Tras la aprobación, la enmienda quedará disponible para la ratificación de los Estados.

Queda todavía bastante camino por recorrer para que la iniciativa de estos pequeños Estados insulares y de Stop Ecocidio se haga realidad. Sin embargo, el primer paso oficial ya ha sido dado y esto es motivo de esperanza, una esperanza que proviene precisamente de los que hoy más sufren.