Durante la actual temporada, las costas de Puerto Madryn y la Península Valdés registran una mortandad de crías de ballena franca austral muy superior a los promedios históricos. Los primeros ejemplares comenzaron a aparecer sin vida en junio y el fenómeno se intensificó drásticamente en las últimas semanas, generando una profunda preocupación en la comunidad patagónica.
Las estimaciones preliminares de los especialistas indican que ya perdieron la vida alrededor de 350 ballenatos a lo largo del litoral costero. Este volumen de mortandad resulta sumamente alarmante al representar entre el setenta y el ochenta por ciento de las crías nacidas durante este año. Lo que obliga a repensar de manera urgente el nivel de resguardo efectivo que el Estado garantiza sobre la fauna marina.
Áreas protegidas sin fondos ni controles
Frente a este escenario de enorme incertidumbre, desde Sin Azul No Hay Verde aportaron una mirada crítica sobre la responsabilidad del Estado y las empresas en la administración de los recursos marinos. El coordinador de la organización, Juan Coustet, reconoció que determinar las causas de un fenómeno tan complejo requiere tiempo y evidencia, pero advirtió que esa dinámica de investigación biológica no exime a las autoridades de su deber ineludible. “Mientras la ciencia investiga, el Estado tiene la responsabilidad de monitorear, controlar, informar y garantizar que esos procesos se desarrollen con los recursos necesarios”, remarcó.
El eje del reclamo apunta a la enorme contradicción que significa sufrir este nivel de mortandad en ecosistemas que en los papeles figuran como resguardados. Coustet lamentó profundamente que estas muertes se produzcan dentro de áreas protegidas mientras las instituciones científicas atraviesan situaciones históricas de desfinanciamiento y falta de recursos. Lejos de buscar culpas precipitadas, el coordinador explicó que las dudas de la ciudadanía son totalmente legítimas cuando no existen datos públicos sobre el impacto del sector privado en el agua. “Lo que está mal es que falten recursos para investigar, que falten controles en nuestras áreas protegidas y que la información pública sobre lo que sucede en ellas no esté disponible”, sentenció para dejar en claro el grado de desprotección que padece la región.
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La hipótesis bacteriana y el impacto humano
En paralelo a los reclamos institucionales, investigadores del Conicet y del Instituto de Conservación de Ballenas trabajan contrarreloj para determinar las causas de los decesos. La principal línea de investigación apunta a un brote de erisipela, una enfermedad provocada por la bacteria Erysipelothrix rhusiopathiae. Los primeros reportes emitidos por los guardafaunas del área indican que el noventa por ciento de los animales analizados da positivo a este microorganismo, y aunque los científicos aclaran que no corre riesgo la supervivencia de la especie a mediano plazo, el hallazgo de la bacteria abre un debate profundo sobre la calidad del agua.
Los especialistas reconocen que resulta apresurado sacar conclusiones definitivas, pero advierten que los efectos de la acción antrópica no pueden descartarse en absoluto. Sobre este punto central, Coustet exigió conocer con precisión qué fondos se destinan actualmente a la prevención y qué investigaciones se realizan para determinar si existe o no algún vínculo con las actividades productivas. “No estamos diciendo que exista una causa determinada, estamos diciendo que hay preguntas que necesitan respuestas”, subrayó el referente ambiental.
Bajo esta misma lógica, resulta fundamental investigar si la proliferación bacteriana responde a un ciclo estrictamente natural o si se encuentra vinculada al volcado de efluentes urbanos, los desechos industriales o el descontrol sobre el agua de lastre que descargan los buques comerciales en las zonas de cría.
La cadena de impactos y el factor costero
Un estudio publicado por el Instituto de Conservación de Ballenas ya había detectado la presencia de esta misma bacteria en lesiones provocadas por los ataques de gaviotas cocineras sobre las crías durante la temporada 2013. Este dato resulta clave para comprender de manera integral la problemática, ya que la sobrepoblación de estas aves se encuentra estrechamente relacionada con los basurales a cielo abierto y los enormes volúmenes de descarte generados por el sector pesquero.
Como reflexión final sobre el modelo de gestión provincial, Coustet aseguró que resulta indispensable que quienes tienen la responsabilidad de cuidar el patrimonio natural demuestren la voluntad de invertir los fondos necesarios para evitar estas crisis. “No está mal que una pregunta incomode”, concluyó el coordinador tras reiterar la urgencia de fortalecer la vigilancia biológica permanente frente a la presión de las actividades humanas.
