Brasil está viviendo una situación de extrema tensión tras el asesinato de una lideresa indígena a manos de hacendados que buscan acrecentar la frontera agropecuaria en territorios ancestrales. Lula da Silva, su presidente, tiene un enorme trabajo por delante: defender a los pueblos originarios y la selva amazónica, y poner un freno al agronegocio y la minería que no dan tregua.
La defensa indigenista de Lula da Silva
Nega Pataxó (María da Fátima Muniz de Andrade), hermana del cacique Nailton Muniz, el líder de la etnia Pataxó-hã-hã-hãe en la región, fue la lideresa indígena asesinada el pasado 21 de enero a mano de ruralistas (comerciantes y empresarios del sector agrícola).
Los terratenientes querían recuperar las tierras de una hacienda del municipio de Potiraguá, en el estado de Bahía, que había sido ocupada el 20 de enero por indígenas que lo reivindican como territorio ancestral. Es una disputa que está hace años en los tribunales.
Ante esto, Lula prometió tomar medidas. Pero el congreso conservador brasileño le pone frenos.
El presidente creó meses atrás el Ministerio de los Pueblos Indígenas que permitió a la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) seguir luchando por los derechos de las comunidades que habían sido silenciadas durante el mandato del anterior gobierno de Jair Bolsonaro. Sin embargo, la violencia continuó.
En septiembre de 2023 el Congreso brasileño, a través de una ley, limitó los derechos de los indígenas sobre sus tierras ancestrales para permitir el avance de la agricultura y la ganadería exportadora y la minería. Lula da Silva vetó algunos tramos del texto, incluido el “marco temporal”.
El “marco temporal” es el que la ley toma en cuenta para determinar qué zonas son territorio de los indígenas. ¿El problema? Solo reconoce los territorios indígenas analizados en 1988, pero los pueblos originarios señalan su injusticia porque no tiene en cuenta las zonas arrebatadas durante la última dictadura (1964-1985).
Eu queria dar um recado aos povos indígenas do Sul da Bahia sobre o assassinato de uma liderança Pataxó-hã-hã-hãe. Estou conversando com o governador @Jeronimoba13 e a ministra @GuajajaraSonia, que foi à região para tratar da situação. Hoje irei discutir esse assunto com a…
— Lula (@LulaOficial) January 23, 2024
Pero el Congreso eliminó en diciembre el veto presidencial. La Corte Suprema declaró inconstitucional el “marco temporal”, pero los legisladores hicieron caso omiso.
“Es absurdo que mientras el mundo ya reconoce a los pueblos indígenas y sus territorios como una de las últimas alternativas para contener la crisis climática, el Congreso actúe a contramano”, dijo la ministra de los Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara.
El freno al avance agropecuario: más industria
Lula da Silva presentó esta semana un plan de fomento a la industria para la próxima década que brindará 60 000 millones en créditos blandos, subsidios y subvenciones para reactivar la economía. Su misión es que el país no depende del agronegocio y de las exportaciones para desarrollarse.
Minería ilegal en el Amazonas y genocidio
El llamado “pulmón verde del mundo” no es solo verde vida: la minería también forma parte del paisaje y no cesa en su expansión.
La comunidad yanomami se encuentra en emergencia. El propio gobierno la declaró por la cantidad de “garimpeiros”, es decir, de buscadores ilegales de oro que violan y asesinan a indígenas para apropiarse de sus territorios. La situación es definida como un genocidio.
A su paso, destruyen la selva y contaminan los ríos con mercurio, lo que impide que la comunidad pueda pescar. Las consecuencias son alarmantes: desnutrición graves, malaria e infecciones respiratorias.
El problema no es solo local: Brasil es el sexto país más grande del planeta y todas las personas y dirigentes globales deben poner el foco en el desarrollo sostenible de este país sudamericano para mejorarle la vida no solo a sus habitantes, sino a los de todo el mundo.