Desde 2003, la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) exige que Perú reconozca y proteja la Reserva Indígena Yavarí Mirim, en Loreto, hogar de pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI). Veintidós años después, esta base regional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) sigue reclamando del Estado una decisión firme.
El reconocimiento oficial de estos pueblos llegó en 2018, mediante Decreto Supremo. Pero sin reservas ni territorios demarcados, los PIACI —como los Matsés, Matis, Korubo y otros— siguen expuestos a presiones letales. La creación de la Reserva Yavarí Mirim es ahora más urgente que nunca.
La Comisión Multisectorial PIACI —instancia legal encargada de evaluar la reserva— postergó una sesión este último febrero, alegando superposición con otra comunidad nativa. La observación fue subsanada gracias a la presión de ORPIO y otras organizaciones. Líderes indígenas llegaron hasta Lima para reclamar por el retraso y, finalmente, lograron la convocatoria para la sesión decisiva este próximo 4 de septiembre.
Lo que está en juego no es solo una figura jurídica, sino la vida misma de pueblos que rehúyen el contacto por supervivencia. Sin una reserva, territorios altamente vulnerables son ocupados por concesiones forestales, narcotráfico, minería informal y nuevos megaproyectos sin control. Solo entre 2023 y 2025 se registraron más de 95.100 alertas de deforestación, con al menos 436 hectáreas perdidas, según datos del Centro de Información y Planificación Territorial de ORPIO (CIPTO).
El corredor territorial Yavarí–Tapiche incluye esta reserva; tiene inmenso valor ecológico, cultural y biológico. Es un escudo contra la extinción de estos pueblos y una salvaguarda del respeto a su derecho de mantenerse en aislamiento.
El 4 de septiembre, la Comisión Multisectorial tiene la oportunidad histórica de cumplir con la Ley PIACI (Ley N.º 28736) y decretar la creación de la Reserva Yavarí Mirim. ORPIO, junto con las federaciones indígenas y aliados, está lista para exigir que esa decisión signifique un compromiso efectivo: demarcación, vigilancia, protección sanitaria y respeto al aislamiento voluntario.
No se trata de un capricho político: es una cuestión de justicia, derechos humanos y conservación. Hoy más que nunca, el Estado debe responder con voluntad y coraje.
*Beltrán Sandi Tuituy es Presidente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) en Perú.
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