En un duro golpe al tráfico ilegal de fauna silvestre, la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) clausuró cinco acuarios en la Ciudad de Buenos Aires. Estos locales operaban de manera clandestina, comercializando especies marinas protegidas como corales y estrellas de mar, poniendo en riesgo la biodiversidad de los océanos.
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La investigación, llevada a cabo por el fiscal Carlos Rolero Santurián, reveló que los responsables de los acuarios infringían la Ley de Fauna Silvestre y carecían de las habilitaciones correspondientes. Durante el operativo, se incautaron más de 1200 corales, además de estrellas de mar y rayas diamante negro, todas especies protegidas por la ley argentina.
El comercio ilegal: una grave amenaza para los ecosistemas marinos
El comercio ilegal de estas especies representa una grave amenaza para los ecosistemas marinos. Los corales, por ejemplo, son fundamentales para la salud de los océanos, ya que crean arrecifes que albergan una gran diversidad de vida marina. Su extracción y venta no solo afectan a las poblaciones de corales, sino también a las de numerosas especies que dependen de ellos para sobrevivir.
Impacto económico y legal
Se estima que el valor de los animales incautados en el mercado negro asciende a una suma millonaria: $400.000 millones de pesos argentinos (unos 450.000 dólares), en el mercado ilegal.
El comercio de estas especies representa una amenaza para la biodiversidad marina porque estos desempeñan roles clave en el equilibrio de los ecosistemas. Los corales, por ejemplo, crean arrecifes que albergan a una cuarta parte de las especies marinas, brindando refugio, alimento y áreas de reproducción.
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En Argentina, la venta de peces para acuarios es legal si no están protegidos por la Ley Nacional de Fauna Silvestre o la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
Si bien los grupos activistas siguen exigiendo la liberación de todos los animales, especies como guppies, bettas y goldfish pueden comercializarse legalmente en el país, siempre que provengan de fuentes autorizadas y se cumplan las normativas vigentes sobre su tenencia y transporte.
