La Cámara Federal de Casación Penal ordenó hoy continuar con la investigación de un grupo de funcionarios que intervinieron en el acuerdo de integración entre las empresas mineras Agua Rica y Alumbrera, debido a que permitieron un proyecto minero en la cuenca del Río Andalgalá, en Catamarca, que es una zona de glaciares y periglaciar.
El máximo tribunal penal del país hizo lugar hoy a los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal y la querella para que se investigue a los directores de distintas dependencias por incumplimiento de los deberes de funcionario público ya que reclaman que la actividad viola la Ley de Glaciares y la Ley General del Ambiente.
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Qué dijeron los jueces en el fallo
Los camaristas Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar resolvieron por unanimidad continuar la investigación contra los directores de la empresa interestadual Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) Luis De Miguel, Ángel de Jesús Mercado, Justo Daniel Barros, Domingo Mario Marchese y Alfredo Grau; el funcionario de la Secretaría de Política Minera, Eduardo Bautto; y los representantes de la Sindicatura General de la Nación Irma Miranda e Ignacio Díaz Zavalla.
En 2019 se inició una causa contra diversos funcionarios que aprobaron el acuerdo de integración entre las empresas mineras Agua Rica y Alumbrera, ya que habrían avalado el desarrollo de actividades de exploración y explotación minera en infracción de la Ley 26.639, que dispone la protección de los glaciares y del ambiente periglacial.
“No podía soslayarse que el objeto de la investigación se vinculaba con cuestiones del derecho a un medioambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, sustentable para éste y para las generaciones futuras”, dijo el juez Petrone en su decisión de revocar los sobreseimientos.
“No se trata de un daño ordinario o tradicional, sino de aquél que puede alcanzar a un número indeterminado de víctimas con nocivos efectos, cuyas consecuencias pueden diferirse en el tiempo y extenderse en el espacio, al punto de comprometer a las generaciones futuras”, esgrimió Slokar en el fallo.
Qué sostiene la querella en esta causa
Mariana Katz, abogada de Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), que interviene como querellante en la causa, en diálogo con EcoNews celebró la decisión del tribunal y aseveró que “todos los funcionarios públicos deben hacer lo que la ley manda y acá claramente no lo hicieron”.
“Lo que dice la sentencia es que no solamente hay que seguir investigando sino que los camaristas entienden que por la cantidad de prueba colectada contra los directores podrían haber incurrido en una conducta antijurídica, acá hay hechos de corrupción”, aseveró.
En ese sentido, la abogada explicó que el accionar de los directores “no sólo incumplió con la Ley de Glaciares, sino también con Ley General del Ambiente, la ley de Ética Pública y con el Acuerdo de Escazú”.
