Se estima que, para 2025, el consumo global de plásticos alcanzará las 516 millones de toneladas. La proyección deja en claro que la contaminación por plásticos es una crisis global que exige soluciones urgentes y coordinadas.
En 2022, la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente marcó un hito al decidir la creación de un tratado jurídicamente vinculante para abordar este problema en todo su ciclo de vida. Desde entonces, las negociaciones han avanzado en un proceso complejo, con avances significativos, como el “Texto del Presidente” acordado en la INC-5.1 en Busan, pero también con desafíos persistentes, como la regulación de aditivos y los mecanismos de financiación.
América Latina y el Caribe han demostrado un compromiso activo, con iniciativas como la Declaración de San José y programas de ecoetiquetado que podrían servir como modelo para otras regiones. Sin embargo, la transición hacia una economía circular debe ser inclusiva, integrando a los más de 2 millones de recicladores informales que desempeñan un rol clave en la gestión de residuos.
Mientras alternativas al plástico tradicional ganan terreno, la región aún enfrenta retos en infraestructura y regulación. Con solo un 10% de los plásticos reciclados, el camino hacia un futuro libre de contaminación por plásticos requerirá cooperación internacional, innovación y, sobre todo, acciones concretas y ambiciosas.
En este contexto histórico, EcoNews conversó con Jordi Pon, Programme Officer del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), quien ofreció los detalles clave del rol que ocupa la región de cara a este esperado acuerdo global.
En 2025 se retomarán las negociaciones para un tratado global jurídicamente vinculante sobre plásticos. ¿Cuáles son los avances más significativos hasta ahora y qué obstáculos persisten para lograr un acuerdo efectivo?
El 25 de noviembre de 2024, más de 3300 delegados se reunieron en Busan, Corea del Sur, para continuar las negociaciones hacia un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos. Representando a más de 170 países y acompañados por observadores de más de 440 organizaciones, esta quinta sesión del Comité Intergubernamental de Negociación (INC-5.1) marcó un paso relevante en el proceso: se acordó avanzar con un “Texto del Presidente” como base para las próximas negociaciones, previstas para agosto en Ginebra.
Este texto, que consta de 32 artículos, refleja la consolidación de los debates previos e identifica tres áreas principales que siguen bajo discusión: los aditivos presentes en los plásticos, la producción y el consumo sostenibles, y los mecanismos de financiación. Si bien no representa un consenso final, sí permite contar con un punto de partida más claro, sin perjuicio de las posiciones específicas de los países.
Cabe recordar que este proceso, como todo instrumento internacional ambicioso, ha requerido tiempo. En 2022, la resolución 5/14 de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente marcó un hito: se decidió desarrollar un tratado que abordara la contaminación por plásticos a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la producción hasta su liberación en el ambiente. A partir de ahí, se han llevado a cabo cinco sesiones formales del comité:
- En la INC-1, celebrada a finales de 2022, se eligió la presidencia del Comité y se solicitó a la secretaría la elaboración de un documento con posibles elementos del tratado.
- En la INC-2, se avanzó en la organización interna del proceso y se encargó la preparación de un texto cero.
- La INC-3, realizada en Nairobi en noviembre de 2023, incluyó consultas regionales y discusiones sobre temas previamente no abordados, como principios, alcance y opciones para el trabajo entre sesiones.
- En la INC-4, las negociaciones se basaron en un proyecto de texto revisado, y se identificaron diferencias sustanciales sobre el alcance del instrumento.
A pocos meses de la INC-5.2, el desafío será avanzar sobre las áreas aún abiertas, afinar el lenguaje jurídico, y garantizar que los principios acordados se traduzcan en mecanismos efectivos.
Tenemos que recordar que este tratado global vinculante no solo atraviesa fronteras geográficas: es también un tratado intergeneracional. Ahora, más que nunca, debemos hacernos presentes por las generaciones que vienen y por quienes hoy tienen menos voz en los espacios de decisión. Este es un momento que exige cooperación, compromiso y visión a largo plazo.
La región ha mostrado compromiso con iniciativas como la Declaración de San José y el enfoque de economía circular. ¿Cómo pueden estos esfuerzos regionales influir en las negociaciones globales y qué buenas prácticas podrían replicarse en otras partes del mundo?
América Latina y el Caribe han demostrado un compromiso claro y sostenido con la transición hacia sistemas más sostenibles y equitativos. Iniciativas como la Declaración de San José—que articula principios clave y una visión colectiva frente a las negociaciones globales sobre plásticos— y la incorporación progresiva del enfoque de economía circular en las políticas públicas reflejan que el cambio ya está en marcha en nuestros territorios.
La cooperación regional se manifiesta en distintos ámbitos. Por ejemplo, también en el marco del Foro de Ministros de Medio Ambiente, se ha establecido el Grupo de trabajo sobre contaminación por plásticos y microplásticos, que promueve el intercambio de experiencias y conocimientos entre los países de América Latina y el Caribe.
Por otro lado, en julio de 2024 se lanzó el primer programa regional de ecoetiquetado en América Latina y el Caribe, una iniciativa liderada por la Alianza Ambiental de América con el apoyo del PNUMA y el proyecto EcoAdvance de Alemania en Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador y México. Este programa busca armonizar criterios ambientales para transformar las formas en que consumimos, contratamos y producimos en la región.
Asimismo, existen iniciativas que buscan el impacto en el nivel local, en los municipios y ciudades. Por ejemplo, en el proyecto GEF LAC CITIES se ha establecido una Red interurbana para combatir los plásticos, que aglutina los esfuerzos de ciudades de Colombia, Jamaica y Panamá, y busca promover la implementación de políticas circulares e innovadoras, fomentando la cooperación regional y fortaleciendo las capacidades.
Estas iniciativas regionales complementan y visibilizan los esfuerzos individuales de los países. De hecho, 27 países de la región ya han adoptado normativas para reducir o prohibir los plásticos de un solo uso. Estas medidas evidencian una visión compartida y un compromiso colectivo hacia la economía circular.
En este contexto, América Latina y el Caribe pueden y deben posicionarse como una voz constructiva en el escenario internacional, aportando experiencias concretas y replicables al debate global.
¿Cómo puede garantizarse que la transición hacia una economía libre de plásticos contaminantes no deje atrás a las comunidades más vulnerables, como los recicladores informales?
Garantizar una transición justa hacia una economía circular libre de contaminación por plásticos requiere poner en el centro a quienes ya están contribuyendo a esta transformación: los recicladores informales. Se estima que cerca de 2 millones de personas trabajan en este sector en América Latina y el Caribe, recuperando una gran cantidad de materiales reciclables de los residuos municipales. Su inclusión no es solo una cuestión de justicia, sino de efectividad: profesionalizar e integrar su labor podría reducir significativamente la contaminación por plásticos.
Estos trabajadores enfrentan desafíos estructurales como la falta de reconocimiento legal, condiciones laborales precarias y escaso acceso a servicios básicos. Para revertir esta situación, es fundamental:
- Promover el trabajo decente y la formalización, garantizando protección social, seguridad laboral y oportunidades de desarrollo de capacidades.
- Invertir en formación técnica y transversal, incorporando también los saberes prácticos de los recicladores en los procesos de aprendizaje.
- Reorientar incentivos públicos, por ejemplo, a través de leyes de responsabilidad extendida del productor (REP) que reconozcan su rol en la cadena de valor, algo que ya estan realizando algunos de los países en la región.
- Fomentar la colaboración multiactor que incluya a gobiernos, empresas, academia, sociedad civil y representantes del sector informal en el diseño e implementación de soluciones.
Ejemplos como la plataforma Latitud R, que ha implementado acciones en 17 países de América Latina y el Caribe: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guayana, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana, demuestran que sí es posible combinar mejoras en la gestión de residuos con el fortalecimiento de medios de vida dignos.
Finalmente, visibilizar y valorar el rol del sector informal requiere también mejorar la disponibilidad de datos. Fortalecer las alianzas para recopilar y analizar información confiable permitirá diseñar políticas públicas más inclusivas, eficaces y alineadas con las dinámicas reales del trabajo en la economía circular.
¿Qué innovaciones o alternativas al plástico tradicional considera más prometedoras para reducir la contaminación? ¿Cómo pueden los gobiernos y el sector privado acelerar su adopción masiva?
En América Latina y el Caribe se observa un impulso creciente hacia la reducción, prohibición o eliminación de plásticos de un solo uso: más de 27 países de la región ya han adoptado regulaciones en esta dirección. Paralelamente, han surgido numerosos emprendimientos que, ya sea como respuesta a esta apertura normativa o por motivaciones propias vinculadas a la demanda de consumidores conscientes, están apostando por materiales más sostenibles.
Entre las alternativas se incluyen los materiales biodegradables y compostables, cuya presencia en el mercado regional ha ido en aumento. Sin embargo, su adopción masiva enfrenta varios desafíos. Uno de ellos es la falta de armonización en los marcos legislativos y de ecoetiquetado, lo que abre la puerta al greenwashing cuando no existen sellos verificables o criterios claros. Por ejemplo, un sorbete que se declara “compostable” podría requerir tratamiento en plantas industriales específicas, sin ser apto para compostaje doméstico o disposición en ambientes naturales.
Aunque el mercado ya se está orientando hacia un consumo más responsable y estas alternativas ganan terreno, aún es necesario avanzar en paralelo en los marcos normativos, los sistemas de certificación y la infraestructura de gestión de residuos. Esto incluye desde la separación adecuada en la fuente hasta la disponibilidad de instalaciones capaces de tratar correctamente estos nuevos materiales.
Para acelerar su adopción, los gobiernos pueden fortalecer la legislación, impulsar normas técnicas comunes y promover compras públicas sostenibles, mientras que el sector privado puede invertir en innovación, trazabilidad y transparencia a lo largo de toda la cadena de valor. La colaboración público-privada será clave para consolidar soluciones verdaderamente circulares, escalables y ambientalmente responsables.
En cualquier caso, es importante señalar que más allá de sustituir un producto plástico por otro material, debemos pensar primero en cómo reducir nuestra dependencia de los productos plásticos de un solo uso. Esto significa rediseñar los productos plásticos para que duren más, se puedan reutilizar y, finalmente, reciclar.
