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En 2024 se cumplieron 30 años de la última reforma constitucional, la cual tuvo un impacto directo en las políticas ambientales del país ya que incorporó el derecho de los argentinos al ambiente sano y al desarrollo sostenible y promovió la sanción de leyes específicas que resguardan los ecosistemas del país.
En este aniversario, el Círculo de Políticas Ambientales (CPA) elaboró un informe que destaca que la Ley General del Ambiente, la Ley de Bosques y la Ley de Glaciares constituyen “hitos” del derecho ambiental en Argentina a partir de la reforma de 1994.
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La Ley General del Ambiente
María Eugenia Testa, directora del CPA, aseguró que la Ley 25.675, conocida como Ley General del Ambiente (LGA), es “la norma de presupuestos mínimos más importante dictada hasta la fecha”, y valoró que es un “marco ineludible” para el diseño de las políticas nacionales y provinciales.
La ley sancionada en 2002 tutela el ambiente no sólo asegurando su preservación sino también el desarrollo sustentable. Propone un política ambiental federal y explica los principios rectores para su cumplimiento y los instrumentos para concretarla.
“Teniendo en cuenta la interrelación cada vez más explícita entre protección del ambiente y desarrollo, la LGA aparece como una norma ineludible a la hora de pensar cualquier estrategia de desarrollo económico”, aseguró Testa.
La directora del CPA lamentó que a 22 años de la sanción de la ley, “ninguna de las administraciones de gobierno hasta hoy ha estado a la altura de lo que propone”.
“La situación actual es aún más preocupante, ya que el Estado Nacional ha decidido el desguace de la cartera de ambiente y la quita de presupuesto, que van de la mano con la decisión política de priorizar la explotación de los recursos naturales por sobre la protección ambiental”, aseveró la especialista.
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Bosques y Glaciares: las leyes emblemas
Con la reforma constitucional de 1994 se le otorgó a la Nación la facultad de dictar normas de presupuestos mínimos de protección ambiental, de las cuales se destacan la Ley de Bosques y la Ley de Glaciares como “emblemas”, según Consuelo Bilbao, directora política del Círculo de Políticas Ambientales.
“Su importancia en la efectiva protección sobre estos ecosistemas resulta ser motivo del embate permanente por parte de sectores económicos”, reconoció.
La Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Bosques Nativos sancionada en 2007, “permitió frenar la deforestación de forma abrupta, sin embargo existe una serie de obstáculos que han permitido que la tasa de desmonte se estabilice, impidiendo que continúe la trayectoria hacia la deforestación cero”, explicó Bilbao.
“En el presupuesto 2024 se le confirió apenas el 7,37% de lo que debería destinarse si la ley se cumpliera correctamente y hay jurisdicciones que han habilitado actividades que no se corresponden con la ley”, denunció la especialista.
La Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, sancionada en 2010 -luego de un veto en 2008- reconoce a los glaciares y el ambiente periglacial como estratégicos para la preservación del recurso hídrico.
Además, la ley restringe todas aquellas actividades que puedan afectar la condición natural de los glaciares, entre ellas la exploración y explotación minera.
“La efectividad de la protección de los glaciares se evidencia en la constante embestida por parte del sector minero. Es necesario que nuestra dirigencia política y empresarial comprenda que dichas normas no buscan prohibir las actividades productivas sino más bien garantizar que se realicen de manera social y ambientalmente responsable”, aseguró Bilbao.
