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Al parecer, la política climática argentina superó la grieta. Los secretarios de Cambio Climático de la Nación entre 2015 y 2023 (Juntos por el Cambio y el ex Frente de Todos) le enviaron una carta al ejecutivo electo, Javier Milei, con un mensaje contundente: que continúe con los compromisos del país en materia climática, que la política pública climática siga siendo sostenida en el tiempo.
Los firmantes del documento titulado “El cambio climático como política de Estado” son Diego Moreno, Carlos Gentile, Pilar Bueno Rubial, Rodrigo Rodriguez Tornquist y Cecilia Nicolini.
La carta comenzó así: “Al igual que en 2015 y 2019, el cambio de mandato presidencial en el país se dará durante el transcurso de una cumbre climática. En este caso, la que se llevará a cabo en Dubai a partir del 30 de noviembre”.
Este es un punto clave, el de las negociaciones climáticas a nivel mundial y lo que pasaría (por lo difundido hasta el momento) a ser la Secretaría de Agricultura en la Argentina: Secretaría de Bioeconomía, que estaría comandada por Fernando Vilella. El concepto de “Bioeconomía” está resonando mucho en la COP28.
La carta de los ex secretarios sigue: “La evidencia científica acerca de la crisis climática es inequívoca. Nuestros tiempos están signados por alarmantes fenómenos cada vez más frecuentes e intensos en todo el planeta. En un contexto tal, profundizar las medidas para adaptarnos ante los riesgos climáticos y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es una urgencia en torno a la cual hay consenso a nivel internacional”.
El temor de los ex funcionarios proviene de las declaraciones de Milei que aseguró en reiterados momentos que la acción humana es independiente del cambio climático. Dichos que encendieron las alarmas en la sociedad civil, en activistas, políticos y, desde ya, en científicos.
“La vulnerabilidad al clima es sistémica y no reconoce diferencias políticas ni ideológicas. Las tres grandes agendas globales que determinan las relaciones internacionales están intrínsecamente relacionadas: seguridad alimentaria, seguridad energética y cambio ambiental global”, afirman en el documento.
Y hacen hincapié en la necesidad de recibir financiamiento para llevar adelante políticas de adaptación y mitigación al cambio climático, algo que temen esté en juego si el nuevo presidente les da marcha atrás: “En las tres (seguridad alimentaria, seguridad energética y cambio ambiental global), la Argentina tiene enormes oportunidades. Abordarlas adecuadamente es determinante para que nuestro país pueda acceder a mercados y a créditos internacionales y prepararse para la necesaria reconfiguración de la arquitectura financiera internacional, actualmente en discusión”.
“Desde hace décadas, la posición argentina se ha basado en el reconocimiento del cambio climático como un fenómeno causado por la actividad humana. En línea con esta posición, nuestro país ha encarado la acción climática desde la proactividad y el compromiso con lo acordado internacionalmente”.
“Ejemplo de ello es nuestra firma del Acuerdo de París, en 2015, sobre la base del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, entendiendo que todos los países somos responsables, pero no en igual medida, por lo que los países desarrollados deben hacer el mayor esfuerzo y asegurar los adecuados medios de implementación. Asimismo, la acción climática argentina adopta el enfoque de transición justa, para garantizar que el cumplimiento de los objetivos climáticos no resulte en la profundización de inequidades”.
Los ex secretarios de Cambio Climático enfatizaron en la importancia de continuar con los acuerdos, más allá de la bandera política: “En los últimos años, los diversos Gobiernos han ido incrementando la gravitación e institucionalidad de la agenda. En los traspasos de mando de 2015 y de 2019 se marcó una continuidad en ese rumbo y se acentuó el compromiso del país en materia climática. Así, nos encontramos frente a un poco frecuente ejemplo de política pública sostenida en el tiempo”.
”Las diversas fuerzas políticas han trabajado en el marco de un esquema de gobernanza que ha sido señalado como una buena práctica a nivel internacional: el Gabinete Nacional de Cambio Climático, creado por decreto presidencial en 2016, fue promulgado por unanimidad de todas las fuerzas políticas mediante la Ley n.o 27520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global, en 2019”.
“Durante los años posteriores, con otra gestión, se continuó recorriendo la senda del cumplimiento de los compromisos contraídos y la preparación responsable para enfrentar la agenda: se presentaron dos actualizaciones de nuestra Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), más ambiciosas que la anterior, una Estrategia de desarrollo resiliente con bajas emisiones a Largo Plazo a 2050 y el segundo Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, a 2030”.
Además, explican el impacto que tiene el cambio climático en la economía argentina: “Esta política de Estado se ha mantenido en el tiempo, independientemente del color partidario, con plena conciencia del enorme impacto que tiene el cambio climático sobre nuestra economía (a modo de ejemplo, por la última sequía perdimos más de US$ 21 mil millones en exportaciones) y, fundamentalmente, sobre las poblaciones más vulnerables, ya que los eventos climáticos extremos agudizan todas las desigualdades preexistentes”.
“La continuidad y coherencia en estas políticas es un activo nacional. Incumplirlas nos posicionaría dentro de un minoritario grupo de erráticos países negacionistas, con relevantes consecuencias para el desarrollo nacional”, apuntan.
“Necesitamos seguir fortaleciendo el apoyo del Estado a nuestros campos, industrias y otros sistemas productivos, para que sean más resilientes y puedan transicionar hacia modelos productivos más sostenibles. Del mismo modo, tenemos la responsabilidad de apoyar a las comunidades a lo largo y ancho del país, para que puedan adaptarse frente a futuros eventos extremos tales como sequías, inundaciones, olas de calor o heladas”.
“En este contexto de cambio de gestión y ante una nueva cumbre climática, es necesario dar continuidad a una política pública que ha trascendido distintas gestiones de gobierno, honrar los compromisos asumidos en la materia y fortalecer la institucionalidad para la implementación de las medidas diseñadas para lograr las metas de adaptación y mitigación climáticas de la Argentina, en beneficio de sus habitantes”, concluyeron.
Cambio climático: ¿qué es la bioeconomía?
Según un informe de Naciones Unidas, el término fue cambiando y hoy está muy alineado con la tecnología en el agro: “La bioeconomía promueve el pasaje a una economía más sostenible incrementando la eficiencia productiva mediante el aporte intensivo de conocimientos científico-tecnológicos y el desarrollo de procesos innovativos basados en tecnologías tradicionales y avanzadas”.
Y sigue: “Inicialmente, la bioeconomía se vinculó con la sustitución de los combustibles fósiles, la demanda creciente de alimentos y el impacto del cambio climático sobre el ecosistema planetario. Más recientemente estos mismos impulsores se vieron reforzados por la búsqueda de patrones productivos social y ambientalmente más sostenibles”.
Hasta el momento, el cambio de nombre de la Secretaría en el país no pareciera indicar un cambio de rumbo. La Argentina es el país más fumigado del mundo, lo que conlleva a territorios y personas enfermas, por el uso de agrotóxicos.
La postura en la COP28 de la Argentina sobre el agro deja mucho que desear: la Cancillería del gobierno saliente de Alberto Fernandez fue con una “declaración conjunta” entre la secretaría de Agricultura y los gremios del agronegocio.
En ella, además de negar la responsabilidad del sector en la crisis climática y remarcar “no somos el problema, somos la solución”, también ataca la creciente presencia de requerimientos ambientales en el comercio.
La delegación argentina es muy pequeña en la Cumbre. Están la secretaria saliente Cecilia Nicolini, el juez de la Corte, Ricardo Lorenzetti y María José Lubertino por ONU mujeres. Luego, hay más representantes del agro: Marcos Pereda y Andrés Costamagna (Sociedad Rural) Martín Fraguío, grupo GPS, Cristian Feldkamp (Grupos CREA) y Marcelo Torres, de Aapresid, la organización de siembra directa.
En lo que respecta al futuro de la posible “Secretaría de Bioeconomía”. Su hasta ahora confirmado presidiario Vilella dio a conocer a los futuros funcionarios que lo acompañarán:
- Jefatura de Gabinete: Pedro Vigneau y Germán Paats
- Subsecretario de Mercados Agropecuarios: Agustín Tejeda
- Bioeconomía e Innovación: Pablo Nardone.
- Producción Vegetal: Nicolás Bronzovic
- Producción Animal: Belisario Castillo
- Producción Lechera: Sebastián Anconada
- Producción Forestal: Sabina Betet
- Control Agropecuario: Luis María Migliaro
- Negocios y Cooperación Internacional: Maximiliano Moreno
- Tecnologías Digitales: Patricio Barbera
- Bioenergía: Miguel Almada.
- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA): Juan Cruz Molina y la vicepresidencia ocupada por Pilu Giraudo.
- Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa): Pablo Cortese y Sergio Roberts.
- Por último, Julián Echazarreta comandará una unidad de desregulación.
