La mantención del superávit llevándose el planeamiento energético por delante cuesta caro. Desde el aumento de las tarifas, la privatización de empresas estatales según la Ley 23.696, el abandono de la energía nuclear, un planeamiento errado del invierno, el sobrecosto de la energía por las compras apresuradas de GNL a Brasil, y el default de los contratos con las energías renovables; el gobierno amenaza no solo la seguridad energética, sino que además incrementa descontroladamente las tarifas, al punto de no revertir un sobrecosto energético en Argentina y perder la gran oportunidad que brinda la transición energética.
El sistema energético en Argentina está tambaleando. Primero, el aumento indiscriminado de las tarifas energéticas y los nuevos “subsidios energéticos” perjudicaron a los sectores más vulnerables. María Ibañez, doctora en economía, en una entrevista realizada por el Laboratorio para la Transición Energética menciona: “Detrás de los ajustes fiscales hay personas y, en lo energético, un error de exclusión es muy costoso (…) la actualización de tarifas tiene un objetivo claro: solucionar un problema de déficit fiscal (…) no parece haber una lectura pensada desde el punto de vista de garantizar el acceso y procurar la asequibilidad de la energía”.
A esto se sumó la descoordinación en el abastecimiento de energía para el invierno, donde el gobierno tuvo un gasto adicional de 500 millones de USD por mala gestión de compras, aumentando la demanda de dólares por importaciones energéticas en casi un 20%.
Por otro lado, el constante intento de vender empresas nacionales que directamente producen energía o contribuyen al sistema energético, como YCRT, IMPSA, NASA, IEASA, y ENARSA, agrava la situación. A esto se suma el desmantelamiento del directorio de CAMMESA, una de las entidades que tenía bajo su coordinación los contratos con las distribuidoras, lo que ha provocado un incremento en la deuda con estas empresas.
Por último, el mundo atraviesa una transición energética, impulsada por la necesidad de reducir emisiones de carbono y adoptar energías limpias como la solar y eólica, lo que promete mayor seguridad energética. Argentina no está exenta de esta tendencia global. Sus compromisos para 2025 y 2030, buscan incorporar un 20% de energías renovables al sistema y reducir sus emisiones en el sector energético (Resolución 517/2023). Pero el Estado no está otorgando las condiciones necesarias para que estas energías se sigan desarrollando.
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El abandono del planeamiento energético
El abandono del planeamiento energético es grave. La energía es uno de los pilares fundamentales para que los países puedan funcionar día a día, según la Agencia Internacional de Energía (IEA). Es el sostén del desarrollo, por lo que si un país se queda sin energía para funcionar, es decir, se desabastece, no solo se perjudican los hogares y el funcionamiento de la vida diaria, sino que se retrasa la posibilidad de mejorar las condiciones económicas y sociales de Argentina. El problema principal hoy es que quienes deben estar a cargo de que el sistema energético funcione y potencie las capacidades del país para mejorar su entramado productivo, la economía, y la vida diaria de las personas, están centrados en 1) privatizar el sistema energético y 2) contribuir al tan anhelado superávit.
En un sistema energético, la correcta coordinación entre el sector público y privado es esencial. Aunque las empresas pueden ser privadas, los contratos deben estar en manos del sector público, que debe coordinar las actividades de todas las empresas del sistema y, sobre todo, regular los precios, tarifas y subsidios, como señala la IEA. Esto es crucial para garantizar que la generación de energía esté siempre planificada y que llegue adecuadamente a los hogares. En Argentina, además, es necesario coordinar la compra de GNL. Aunque Vaca Muerta podrá cubrir progresivamente mejor el abastecimiento de gas en el país, siempre es necesario asegurarse de que algunas reservas se compren para suplir la demanda durante los meses de mayor consumo (invierno por el frío y verano por el calor).
Pero este año ha ocurrido todo lo contrario. No solo se dejó a la deriva el abastecimiento de invierno, lo que aumentó los costos de compra tres veces más que en años anteriores, sino que también se quitó abruptamente los subsidios, lo que si bien era necesario para controlar el gasto excesivo en energía del Estado, no se hizo de manera ordenada ni planificada. El objetivo no era una distribución correcta del gasto de la energía, sino demostrar un superávit lo más rápido posible. El superávit es necesario, pero no puede ser a costa de la seguridad y suministro energético. Lo más preocupante es que la medida afectó a los hogares más pobres y benefició a los más ricos.
Por otro lado, las posibilidades de exportación que ofrece el petróleo y gas en Vaca Muerta tienen al país con altas expectativas. Sin embargo, para que pueda exportarse esa energía, primero debe asegurarse el abastecimiento interno, tal como indica la Ley de Gas en Argentina. Además, no tiene sentido exportar para luego importar energía a un precio más caro que el del gas nacional.
Asimismo, la paridad de exportación, es decir, el precio regido por el barril internacional de petróleo, genera presión sobre el precio de la energía a nivel nacional, lo que encarece las actividades productivas debido al aumento en las tarifas. Argentina debe exportar. Hoy su economía tiene una demanda crítica de dólares, por no mencionar los niveles de pobreza que alcanzan el 42%, y el aumento en la tasa de desempleo, que llegó al 6.9%. Sin embargo, si esa exportación presiona el sistema energético, se deben buscar nuevas formas de producir energía que hagan al sistema menos dependiente de las importaciones y del precio internacional del petróleo.
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La transición energética ¿cuándo?
Aunque todo parece blanco y negro, existen fuentes de energía llamadas energías renovables que, en países como Argentina, con abundantes recursos naturales, son ideales para lograr un sistema energético más seguro y soberano. Según un informe de la IEA, Argentina tiene un potencial significativo para desarrollar estas energías, como la solar y la eólica. Por otro lado, la energía nuclear también es una opción que nuestro país puede utilizar para fortalecer su sistema energético. Es extremadamente segura, eficiente y, sobre todo, es un recurso estratégico para países que han logrado enriquecer uranio para su producción. Argentina cuenta con todas estas ventajas comparativas, que el gobierno actual no ha sabido aprovechar.
El sector nuclear ha quedado completamente abandonado y ha sufrido un proceso de desmantelamiento progresivo, reflejado en la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), y en el drástico recorte de fondos públicos. Esta decisión no solo ha generado incertidumbre sobre la continuidad de proyectos clave, sino que también pone en riesgo los objetivos de la transición energética hacia 2030, que dependen de una infraestructura nuclear robusta para reducir las emisiones de carbono, según el Plan Nacional de Transición Energética.
El abandono del sector nuclear, considerado estratégico, no solo compromete la seguridad energética del país, sino que también podría ralentizar el avance hacia un futuro energético sostenible, debilitando la capacidad de Argentina para cumplir con sus compromisos internacionales en materia de cambio climático.
Las energías renovables están vinculadas al proceso de transición energética, pero el gobierno insiste en minimizar la importancia del cambio climático y desestima la Agenda 2030 como un invento ideológico. Si esta lógica persiste, se desperdiciará una gran oportunidad para, de una vez por todas, dejar de tener un sistema energético deficitario.
Es necesario ordenar los subsidios energéticos como corresponde, mejorar el transporte de energía para hacer el sistema más seguro, incorporar un mayor porcentaje de energías renovables al sistema y seguir aprovechando el sector nuclear, que es uno de los mayores activos de Argentina. Una correcta planificación del sistema energético solo se logra con un Estado coordinando, y un correcto vínculo entre el sector público y privado.
*Artículo redactado por Camila Herrero y Sofía Croxatto.
