En un mundo cada vez más consciente de los efectos del calentamiento global, la aviación se ha convertido en uno de los sectores más cuestionados por su impacto ambiental. Aunque representa solo el 2% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, su crecimiento acelerado y la falta de regulación en el precio de los combustibles lo convierten en un foco de debate. Ante esto, una propuesta gana fuerza: gravar los boletos aéreos para destinar esos fondos a la mitigación del cambio climático, especialmente en países vulnerables.
La aviación: un lujo ambientalmente costoso
Volar es, sin duda, el medio de transporte más contaminante por pasajero. Sin embargo, paradójicamente, sigue siendo relativamente barato debido a los subsidios y exenciones fiscales que disfrutan las aerolíneas. A diferencia de otros combustibles, el queroseno utilizado en aviación no suele estar gravado, lo que reduce artificialmente los costos operativos. Además, los daños ambientales generados por los vuelos no se internalizan en los precios de los boletos.
Según datos recientes, en países desarrollados, solo la mitad de la población vuela anualmente, y un pequeño porcentaje —aproximadamente el 1% de los viajeros frecuentes— es responsable de más de la mitad de las emisiones del sector. Esto plantea una pregunta ética: ¿por qué el resto de la sociedad debe asumir los costos ambientales de quienes más contaminan?
Ante esta problemática, varios gobiernos y organizaciones analizan la implementación de un impuesto a los boletos aéreos. Un estudio de la consultora holandesa CE Delft, encargado por el Grupo de Tarea de Levías de Solidaridad Global, estima que un gravamen diferenciado podría recaudar más de 100 mil millones de euros anuales, fondos que ayudarían a compensar el daño climático.
La propuesta sugiere un esquema escalonado:
- 10 € en vuelos de corta distancia (incluyendo vuelos nacionales).
- 30 € en vuelos de larga distancia.
- 20 € en boletos de clase ejecutiva (dado su mayor espacio por pasajero y, por ende, mayor huella de carbono).
Otra alternativa sería gravar directamente el consumo de combustible, lo que generaría unos 84 mil millones de euros anuales, aunque existe el riesgo de que las aerolíneas busquen rutas alternativas para evadir el pago.
Financiamiento climático: un tema pendiente en las negociaciones globales
Esta semana, representantes de gobiernos se reúnen en Bonn, Alemania, en preparación para la COP30, que se realizará en Brasil en noviembre. Uno de los temas clave será el financiamiento climático, especialmente cómo los países ricos —los mayores responsables históricos del calentamiento global— apoyarán a las naciones en desarrollo, que sufren los peores efectos de sequías, inundaciones y otros fenómenos extremos.
En la COP29 (Azerbaiyán, 2023), se acordó que para 2035 deberían destinarse 1,3 billones de dólares anuales a la lucha climática en países pobres. De esa cifra, al menos 300 mil millones deberían provenir directamente de naciones desarrolladas, mientras que el resto podría obtenerse mediante mecanismos como impuestos de solidaridad global, inversión privada y mercados de carbono.
Las aerolíneas ya han manifestado su preocupación. Argumentan que un impuesto aumentaría los costos para los pasajeros y afectaría la recuperación del sector tras la pandemia. No obstante, expertos señalan que, dado que la mayoría de los vuelos son realizados por personas de mayores ingresos, el impacto en la población general sería limitado.
*Fuente: The Guardian