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El proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” (más conocido como Ley Ómnibus) que fue enviado por el Ejecutivo argentino al Congreso Nacional y que ya fue aprobado en general y ahora se está tratando punto por punto, propone un cambio radical en cuanto a la Ley de Semillas.
Más de 500 organizaciones socioambientales y productores denuncian que el control del mercado pasaría a manos de unas pocas empresas: Monsanto – Bayer, Syngenta y Bioceres, entre otras, si se aprobara el proyecto. Además, sostienen que las modificaciones son un pedido histórico de las grandes empresas semilleras. ¿Por qué?
UPOV 91 y la privatización de las semillas
El proyecto de Ley Ómnibus establece la adhesión de la Argentina a la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales de 1991, más conocida como UPOV 91.
Los activistas, en defensa de la soberanía alimentaria, reclamaron al Congreso que lo rechace, ya que advierten que incluir al dentro de UPOV 91 “representa la profundización del cercamiento corporativo del primer eslabón de toda la cadena agroalimentaria“ (las semillas).
UPOV es la Unión Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas (UPOV), un organismo con sede en Ginebra que funciona desde 1961. Sus convenciones fueron reformadas en 1972, 1978 y 1991, pero Argentina está adherida a UPOV 78.
La UPOV 91 sostiene que los agricultores requieren la autorización del obtentor si quieren producir o reproducir, ofrecer a la venta, vender o comercializar, exportar, importar o acumular semillas para las actividades mencionadas.
Esto significa que aunque los agricultores no hayan comprado las semillas la primera vez (porque ya las tenían), si quieren volver a sembrarlas para su propio uso tienen que volver a pagar.
Guardar semillas privatizadas queda restringido completamente con el Convenio UPOV 1991. Incluso, legaliza la biopirateria de las semillas a través de la lógica colonialista de “Descubrimiento”, ya que cualquier empresa semillera del agronegocio puede secuestrar (como ya lo hicieron en reiteradas oportunidades) semillas de los campos de los agricultores, reproducirlas, realizar algún nivel de selección para homogeneizarlas y luego privatizarlas como una variedad que, según ellas, “descubrieron”.
Cómo sería producir con semillas privatizadas
Ahora, los agricultores compran semillas a las empresas productoras y las pueden usar las veces que quieran. Además, está permitido intercambiar semillas con otros agricultores o usar todas las semillas derivadas de sus cosechas: las que obtenían al sembrar la semilla que habían comprado por primera vez.
¿Qué cambiaría con la Ley Ómnibus? Haría ilegal guardar semillas ya compradas para usarlas en futuras siembras y limitaría prácticas tradicionales en la agricultura familiar como el intercambio. Esto afectaría grandemente su capacidad de producir alimentos.
Incluso, el agricultor tendría que pagar un “derecho de propiedad” cada vez que se usen las semillas, aunque las haya comprado un año anterior. También debería pagar por usar las semillas que obtuvo en su propia cosecha. Es decir: si un agricultor compra una semilla, la siembra, y después obtiene nuevas semillas, si las quiere usar tiene que pagar, nuevamente, por el supuesto derecho de propiedad.
Desde la Red CALISAS denuncian: “Quien controla las semillas, controla la cadena agroalimentaria y, por lo tanto, la disponibilidad, calidad y precio de los alimentos de la población”.
*Por Daniela Balderrama.
